Todo los unía nada los separaba.
Fue a pedir ayuda económica, para realizar
obras, al entonces presidente regional de Áncash, vulnerando la independencia
del Poder Judicial. ¿Los jueces cómo iban a investigar a Álvarez -y a su
gestión- si él desembolsaba dinero?
Uno de los cuatro convenios firmados entre ambas autoridades, en el año
2009, permitió, según las investigaciones de la “comisión Áncash”, el desvío de
fondos de dinero para el viaje de 12 jueces a EE.UU. Ojo: en esta historia hubo
dos crímenes y estaría vinculado el llamado ‘hombre probo’ de Alan García, Miguel
Facundo Chinguel
Por Juan
Carlos Chamorro
¡Como para no creerlo! La Comisión Áncash ha
encontrado cinco indicios de irregularidades en cuatro convenios
interinstitucionales firmados, el 7 de octubre de 2009, con puño y letra, por
los entonces presidentes del Gobierno Regional de Áncash, César Álvarez, y del
Poder Judicial, Javier Villa Stein.
¿Para qué sirvieron esos convenios?
Dieron”luz verde” para que el Gobierno Regional desembolse un monto
indeterminado de dinero (no se fijó la cantidad, pero fue más de S/.15
millones) para la construcción y el equipamiento de la Corte Superior de
Justicia del Santa así como para la compra de cuatro camionetas para el
traslado de los jueces.
¿Cuáles son lo scinco indicios de
irregularidades hallados? El primero, según las investigaciones de la “comisión
Áncash”, se refiere a la vulnerabilidad de la independencia del Poder Judicial.
Lo que pasa es que esta institución del
Estado al pedir ayuda económica al Gobierno Regional de Áncash puso en jaque la
imparcialidad y la autonomía de los jueces con respecto a esa entidad.
¿Los jueces de Áncash cómo iban a investigar
a Álvarez y a su gestión, si él mismo desembolsaba dinero a favor del Poder
Judicial para obras y viajes de jueces al exterior?
Esta es una pregunta que tendrá que responder
Villa Stein y Álvarez, en algún momento, en el Congreso.
Los miembros de la “comisiónÁncash” iban a
realizarle este cuestionamiento ayer a Villa Stein -y muchos otros más-, pero
el magistrado no asistió.
No dio un motivo específico de su ausencia.
Pero será citado nuevamente.
El segundo indicio, según las pesquisas, es
que los cuatro convenios firmados no poseían, cada uno, el proyecto de
inversión respectivo.
Tampoco estaban registrados, por tanto, en el
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
¿Cómo se descubre eso? A través de la ficha
de registro del SNIP (ver documento) de los cuatro proyectos que, según indica
el mismo expediente, fue creado recién un año, 5 meses y 14 días después de la
firma de los cuatro convenios anteriormente mencionados, es decir, el 21 de
marzo de 2011.
El tercer indicio de irregularidad, es que el
SNIP no fue elaborado por la Oficina del Proyecto de Inversión (OPI) del
Gobierno Regional de Áncashcomo correspondía.
Entonces, ¿quién hizo el SNIP? Lo hizo la OPI
del Poder Judicial. Por eso, hubo interferencia de poderes, según las
investigaciones.
Lo que pasa es que si la obra iba a ser
ejecutada por el Gobierno Regional entonces el proyecto de inversión debió ser
hecho por la OPI de esta entidad y no por otra.
En esa fecha se dispuso que el monto total de
inversión de los cuatro convenios iba a ser 15 millones 334 mil 248 soles.
El viajecito
a EE.UU. y Chinguel
Del convenio Nº 1 se desprende el cuarto
indicio de irregularidad. La cláusula sexta de este documento dio”luz
verde”para la construcción y la implementación del local de la Corte Superior
de Justicia del Santa.
También autorizó la adquisición de equipos
informáticos, equipos audiovisuales y muebles para ese recinto judicial.
Sin embargo, se ha descubierto que 120 mil
soles destinados a esa obra, bajo el componente denominado “Capacitación”, que
figura en el SNIP -al que diario16 tuvo acceso- sirvió para solventar
nada menos que el famoso viaje de 12 jueces a Estados Unidos.
La travesía fue entre el 19 y 21 de octubre de
2012. Los magistrados asistieron a un curso de capacitación en San Diego,
Estados Unidos.
Lo irregular aquí es que ese dinero -con el
que se pagó el viaje de los jueces- tenía que ser destinado para la
capacitación de obreros en construcción y no para el viaje de los magistrados.
Este grupo de trabajo parlamentarioha
corroborado, además, que esos magistrados, después de ese viaje, tuvieron
sospechosas resoluciones a favor de personas vinculadas a la mafia de César
Álvarez, actualmente preso.
Por ejemplo, el 30 de enero de este año, tres
jueces superiores de la Corte Superior de Justicia del Santa, que viajaron a
EE.UU., absolvieron a tres implicados en el atentado contra Ezequiel Nolasco
(principal opositor a la gestión de Álvarez).
Ellos fueron los jueces Linda María Vanini
Chang, Pedro Rodríguez Huayaney y Roma Cruz Avilés.
Un día después de esa fecha, el 31 de enero,
la Sala Penal de Apelaciones -que preside el juez superior WálterLomparte
Sánchez e integra el vocal Frey Tolentino Cruz- falló a favor de Jack Castillo,
quien también es sospechoso del crimen. Ese sujeto fue liberado.
Los 12 pasajes de los jueces fueron comprados
en la agencia Scala Tours, en Lima: una empresa que además no es proveedora del
Estado.
Y en esta historia que está manchada con dos
crímenes sangrientos estaría involucrado el también el llamado “hombre probo de
Alan García”, Miguel Facundo Chinguel.
El primer crimen ocurrió la noche del 16 de
febrero de 2013. En aquella fecha, el exabogado de Alan García se presentó en
un local de Breña en el que había sido asesinado, de un balazo en la cabeza, el
albañil Rubén Salas Espinoza.
El aprista dijo ser el abogado de la víctima y
quiso ingresar a ese recinto que había sido cercado por la Policía.Existe un
video de canal 4 que así lo demuestra. (Este medio ha descubierto que Chinguel
mintió, pero lo explicaremos en otro momento).
En el interior de ese inmueble estaban
Santiago Sandro Flores Santana, quien era el dueño de Scala Tours (la
agencia en la que el Gobierno Regional de Áncash compró los pasajes para los 12
magistrados), y el asesino del hombre baleado.
Fue un hecho confuso.
Lo extraño de este caso es que, un año
después, el 12 de febrero de este año, Flores Santana fue asesinado, de cinco
balazos, por un sicario.
Y se llevó todo lo que sabía de esta historia
a la tumba.
Facundo Chinguel está preso y la
Fiscalía pide, para él, 17 años de cárcel.
Se le acusa de ser el jefe de
una organización que trabajó para el Ministerio de Justicia aprista y que a
través del cobro de dinero otorgó gracias presidenciales a más de 200
narcotraficantes (ver diario16 del pasado 28 de noviembre:
La quinta
irregularidad
Del convenio Nº 3 se desprende el último
indicio de irregularidad en este caso. En la cláusula sexta, inciso 3, se
autoriza la compra de dos camionetas rural -tipo combi para el traslado al
penal de magistrados y personal jurisdiccional.
Y, además, la adquisición de dos camionetas
pick up, cuatro por cuatro, para los Juzgados de Paz Letrados.
¿El Poder Judicial no tenía plata para comprar
cuatro camionetas?
