A pesar de haber presentado descargos para levantar las observaciones de la Contraloría, la decisión final sobre la anulación de la licitación recae en este organismo.
Según información de la Contraloria, el consorcio EDUCA habría presentado documentación falsa para acreditar la experiencia de algunos de sus miembros. Un caso emblemático es el de Manuel Saavedra Guzmán, quien aseguraba tener 9 meses de experiencia como supervisor en la construcción de un colegio en Huarmaca (Piura) entre 2014 y 2015.
Sin embargo, registros oficiales indican que el supervisor real en esa obra fue Humberto Jaramillo. Un patrón similar se repite en otra obra en Frías (Piura), donde Víctor Campos figuraba como residente, cuando en realidad el cargo lo ocupaba otra persona.
Consorcio EDUCA acelera trabajos en medio de la incertidumbre
Pese a las graves acusaciones, el consorcio EDUCA no se detiene y continúa trabajando las 24 horas del día en la obra. Se presume que su objetivo es invertir la mayor cantidad de dinero posible antes de una posible anulación de la licitación, valorada en más de 77 millones de soles.
La Contraloría tiene la última palabra
La decisión final sobre la suerte del contrato recae en la Contraloría General de la República. Tras recibir los descargos de EDUCA, este organismo evaluará la veracidad de la información presentada y determinará si procede o no la anulación de la licitación.
¿Irregularidades para salvar la licitación?
Documento de la buena pro. Fuente: OSCE
Algunos expertos en licitaciones y contratos consideran que levantar observaciones por falsificación de documentos es extremadamente difícil, a menos que se incurra en graves irregularidades y argucias ilegales que podrían configurar un delito penal.
El futuro de la obra y los recursos públicos en juego
La decisión final de la Contraloría será crucial para determinar el destino de la obra del colegio Santa Rosa de Viterbo y para garantizar el correcto uso de los fondos públicos. La comunidad espera que se tomen las medidas necesarias para proteger el erario público y garantizar la transparencia en los procesos de contratación.
