Un informe de control posterior emitido por la Contraloría General de la República determinó que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Aija ejecutaron, sin sustento técnico ni legal, la adquisición de equipos de radio y televisión valorizados en S/ 61,096.00, recursos que debían ser destinados exclusivamente a la atención de emergencias por la COVID-19.
El documento, correspondiente al Informe de Control Específico N.° 006-2023-2-0456-SCE, señala que se realizó la compra de los mencionados equipos mediante un procedimiento de contratación directa, modalidad reservada únicamente para adquisiciones urgentes vinculadas a la emergencia sanitaria. Sin embargo, el proceso careció de justificación técnica y no se presentó evidencia que respalde que los bienes adquiridos estuvieran relacionados con la prevención, contención o atención de la pandemia.
La adquisición incluyó equipos de transmisión para señal de televisión por aire, antenas, consolas de audio, sistemas de microfonía, computadoras, mesas de trabajo, entre otros elementos que fueron asignados a un nuevo canal televisivo implementado en la zona. Pese a ello, la documentación revisada por la Contraloría no evidenció que dicho canal estuviese contemplado en el plan de acción o en las estrategias de comunicación sanitaria autorizadas en el contexto del estado de emergencia.
Según el informe, la orden de compra se emitió el 7 de abril de 2021 a favor de una empresa ubicada en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz, sin que se hubiera verificado previamente la necesidad real de los bienes ni se contara con un estudio de mercado que sustente el valor pagado. Además, se detectó que la entidad municipal emitió informes técnicos y resoluciones sin fecha o con información genérica, carentes de sustento técnico, contraviniendo los principios de eficiencia y transparencia establecidos en la normativa de contrataciones del Estado.
El informe también advierte que los equipos fueron instalados sin la autorización de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que constituye una infracción a las disposiciones que regulan la instalación y operación de estaciones de radio y televisión en el país. A la fecha del control, no se encontró registro de solicitud o trámite alguno por parte de la municipalidad para regularizar dicha autorización.
Los funcionarios responsables del área de logística y de la oficina de planificación y presupuesto figuran como los presuntos responsables del perjuicio económico generado, así como del uso indebido de recursos públicos. La Contraloría remitió el informe al Órgano Instructor para el inicio del procedimiento sancionador correspondiente, además de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público.
El caso se suma a otras intervenciones similares detectadas por la Contraloría en diversas municipalidades del país, en las que se evidencian desvíos en el uso de los fondos asignados para la atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19, situación que compromete la legalidad y eficacia del gasto público en contextos críticos.
