En Carhuaz, la ejecución de la obra de “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado” en el centro poblado de Pariachi ha generado un escándalo respecto a la administración de recursos públicos. Según documentación revisada, la Municipalidad Provincial de Carhuaz efectuó una serie de encargos internos y pagos directos que no estarían respaldados por informes técnicos ni expedientes formalizados.
El primer encargo interno, identificado con el número 01-2023 y con fecha del 23 de enero de 2023, asignó S/ 30,000.00 al ciudadano Celestino Roque Cajusol, bajo el concepto de «encargo interno para la ejecución de la obra de agua potable y alcantarillado en Pariachi». A pesar de que se trataba de una obra pública, no se acompañó documentación técnica que justifique la ejecución directa mediante administración indirecta, ni se presentó expediente técnico, informes de valorización o seguimiento físico-financiero que sustente el uso de estos fondos.
Posteriormente, el 9 de mayo del mismo año, se emitió el encargo interno N.° 003-2023 a favor de Juan Crisóstomo Gómez, por un monto adicional de S/ 30,000.00, igualmente destinado a la ejecución de la mencionada obra. Al igual que en el caso anterior, no se evidencian informes de supervisión, control de avance, ni documentación contable detallada que respalde el destino de los recursos entregados.
El 16 de junio de 2023, mediante el documento con registro N.° 0435393, se realizó un depósito de S/ 15,000.00 al comité de gestión de la obra, con la participación de los funcionarios como Hugo Torres Pinedo, jefe de Tesorería, y Carlos Poma Torres, jefe de Logística. Esta transferencia tampoco cuenta con documentación técnica que justifique la transferencia de fondos ni evidencia del avance físico de la obra.
La situación se agrava el 26 de julio de 2023, cuando se registra un nuevo encargo interno por S/ 60,000.00 a favor del ciudadano Abraham Poma, también bajo el concepto de apoyo a la ejecución de la obra. Nuevamente, no se adjuntan informes técnicos, ni documentos que verifiquen el cumplimiento de metas ni el uso adecuado del presupuesto asignado.
A pesar de las múltiples transferencias realizadas en distintos momentos del año fiscal 2023, el proyecto no cuenta con un expediente técnico validado, tampoco con informes de supervisión independientes, ni registros actualizados sobre el avance físico o financiero. Tampoco se ha evidenciado que se haya realizado una convocatoria formal a través del SEACE ni un proceso de selección para ejecutar la obra bajo alguna modalidad regulada por la Ley de Contrataciones del Estado.
Estos hechos, documentados en encargos internos, oficios y resoluciones emitidas por la propia municipalidad, exponen una ejecución de recursos sin control técnico ni administrativo, generando interrogantes sobre el uso de los fondos públicos y las responsabilidades de los funcionarios implicados. Las transferencias realizadas no se encuentran respaldadas por instrumentos de control ni fiscalización interna, y hasta el momento no se ha emitido un informe de rendición de cuentas que permita conocer con claridad el estado de ejecución de la obra ni el destino final del dinero asignado.
