Los que al final suscribimos, miembros del Consejo Regional de Ancash, en defensa de la institucionalidad y la gobernabilidad regional, frente a los últimos incidentes acontecidos en la actual gestión del Gobierno Regional de Ancash, con el debido respeto a nuestra región y al país entero, nos vemos en la imperiosa necesidad de hacer extensivo el siguiente pronunciamiento:
1.- Los miembros del Consejo Regional de Ancash venimos cumpliendo nuestras funciones sujeto a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y todas las normativas conexas, sumando esfuerzos para superar las deficiencias incurridas en las gestiones anteriores y velando por la hegemonía y la autonomía del consejo como órgano superior del Gobierno Regional, en coordinación con los gobiernos locales y otras autoridades.
2.- Es de entender que nuestro consejo está propenso a asumir responsabilidades compartidas por los desaciertos del ejecutivo. Frente a ello venimos adoptando las medidas pertinentes con la emisión de múltiples Acuerdos de Consejo, con las recomendaciones del caso, sin embargo, la implementación de estos afronta la desidia del ejecutivo de nuestro Gobierno Regional, lo cual rechazamos y exigimos adoptar las medidas correctivas pertinentes.
3.- Expresamos nuestra preocupación respecto al pedido de la Contraloría de la República que exige al Gobierno Regional de Áncash que restituya la capacidad operativa del Órgano de Control Institucional de acuerdo a la Ley 27785 y garantizar de esa manera las medidas contra los presuntos actos de corrupción. Al respecto deslindamos responsabilidades señalando que esta función no es competencia del Pleno del Consejo y recomendamos al Ejecutivo del Gobierno Regional, en la brevedad, cumpla con el mencionado requerimiento.