Policías a audiencia judicial por el “Caso Lagarto”

Hoy a las 10 de la mañana, en la Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ancash, se  reiniciaran los debates orales del sonado Caso “Lagarto”, que involucra a un Crnl. PNP y varios policías en actividad, acusados por presuntos tráfico de drogas.

Al respecto,  en su oportunidad la organización PROJUSTICIA,  emitió un informe titulando que un policía se encontraba preso por denunciar corrupción y denunciado habría sido ascendido a coronel.

Según PROJUSTICIA el 10 de marzo del 2007, en horas de la noche, personal de la Comisaría de Huaraz llevó a cabo un operativo para capturar a micro comercializadores de droga que, de acuerdo a su personal de inteligencia, se dedicaban a la venta de cocaína, PBC y otras sustancias mediante la modalidad de “delivery”. Para ello, el personal policial estuvo acompañado de la entonces fiscal provincial adjunta de Huaraz, SILVIA AIDE PAREDES GOICOCHEA, encargada de la Tercera Fiscalía Penal de este distrito judicial.

En este operativo, uno de los capturados fue JUAN AGUSTIN PORTILLA UGAS, quien al momento de su intervención portaba una cartuchera azul con ketes de PBC y marihuana, siendo llevado de inmediato a la sede de la comisaría. Allí, Portilla empezó a recibir algunas llamadas de una persona que le preguntaba cómo le había ido con la venta de la droga, el cual resultó ser JUAN CARLOS CASTAÑEDA SOSA, quien se encontraba en Lima.

Para entonces, Castañeda Sosa no era un desconocido para la policía ancashina. Conocido por su alias de “Lagarto”, éste era considerado uno de los principales comercializadores de droga de la ciudad, pesando sobre él una serie de requisitorias y procesos de investigación que, extrañamente, habían sido archivados. Sin embargo, gracias a las llamadas realizadas a Portilla la fiscal Paredes ordenó su inmediata detención, la que se produjo en el terminal de la empresa “Julio César” al día siguiente, cuando Castañeda regresaba a Huaraz

Paralelamente a estas capturas, el personal policial encargado de la investigación intervino también las casas de Portilla Ugás y Castañeda Sosa, así como la de FLAVIANO OSIAS CANO HUAMAN, sindicado por ambos detenidos como la persona encargada de almacenar, preparar y distribuir la droga que le era entregada por el segundo. En estos domicilios la policía encontró importantes cantidades de droga, deteniendo también en dicho operativo a HERLINDA VARGAS RAMIREZ y  MALCO LINCOL CANO VARGAS, esposa e hijo de Cano Huamán respectivamente, quienes fueron también incluidos en las indagaciones preliminares.

Una confesión explosiva

El hilo de este hallazgo fue la extracción de audios de uno de los celulares incautados a Portilla Ugás, audios que correspondían a conversaciones entre él y un efectivo policial de apellido SANCHEZ, que trabajaba en las oficinas de la DIVANDRO-Huaraz. En dichos audios, quedaba claramente que esta persona no solo conocía de las actividades del “Lagarto” y su gente, sino que participaba también de dichas actividades.

Preguntados tanto Portilla como Castañeda Sosa sobre el contenido de estos audios, ambos señalaron que podían brindar información al respecto siempre que se pudieran acoger a las figuras de “colaboración eficaz” y “confesión sincera”, y con ello reducir las penas que se les impondría por su ilícita actividad.

En este marco, la fiscal Paredes Goicochea, el procurador adjunto de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos de TID del Ministerio del Interior y ambos procesados inició una serie de negociaciones a fin de que se apruebe su solicitud, en el marco de las cuales Portilla y Castañeda Sosa rindieron manifestaciones ampliatorias que resultaban, explosivas.

Esto es, que la droga que ambos comercializaban les era entregada, por efectivos de la DIVANDRO-Huaraz que formaban parte de una red de policías corruptos que dominaba desde tiempo atrás la venta de droga en Huaraz.

Castañeda Sosa señaló como integrantes de esta red de corrupción interna a los suboficiales JAVIER LUIS DEXTRE FIGUEROA y FELIPE SEGUNDO TIMANA LOPEZ, al Capitán PNP MAURO ZEGARRA BRAVO y, al propio Jefe de la DIVANDRO-Huaraz, Comandante PNP VICTOR DEMETRIO CANTO CORRALES, a quienes les habría pagado dinero y comercializado “su” droga a cambio de impunidad.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo que recoge el expediente judicial, las declaraciones de ambos implicados fueron debidamente corroboradas con las manifestaciones de otros comercializadores que habían sido detenidos o afectados por el personal de la DIVANDRO -como JOSE LUIS DONGO NUÑEZ- las cuales confirmaron las afirmaciones de Castañeda. Por otro lado, se tenía lo consignado en el audio del celular de Portilla Ugás, todo lo cual mostraba la veracidad de lo declarado.

El Ministerio Público de Huaraz denunció a los policías por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, por encubrimiento personal y por tráfico ilícito de drogas ante el Tercer Juzgado Penal de Huaraz. Asimismo, la fiscal Paredes incriminó a los suboficiales incluyéndose además a los efectivos ELOY CARRASCO MENA, DEMETRIO LUIS OROPEZA JAVIER, RABINDRANAT HUBER HUAMAN REYES y WALDEMAR ROBINSON TARAZONA CADILLO, por haber participado en un operativo realizado en la localidad de Huacchis – Huari.

El juez JESUS RICARDO HENOSTROZA DUQUE, dictó el 30 de abril del 2008 una sentencia benigna a favor de Castañeda Sosa, condenándolo a una pena de CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, con el carácter de suspendida en su ejecución por el período de tres años, y al pago de cuatro mil nuevos soles por concepto de reparación civil. Poco después fue puesto en libertad.

Sin embargo, de acuerdo a lo que señala el propio Castañeda, cometió el  error de quedarse a vivir en Huaraz con la finalidad de culminar sus estudios universitarios en vez de retornar con su familia a Lima. Castañeda como otros involucrados en el caso -como el personal de la comisaría de Huaraz y la fiscal Paredes Goicochea- no conocían los alcances del poder de esta red, poder que los llevaría finalmente a vengarse de quienes se habían enfrentado a la misma.

Un primer indicio de ello fue la detención sufrida por Castañeda Sosa el 12 de marzo del 2009, en el aeropuerto de la ciudad de Iquitos, detención que se debió a que tanto en las bases de datos de la PNP como en la Oficina de Requisitorias no se habían eliminado las requisitorias referentes al proceso por el que se le había condenado en Huaraz, privándolo de su libertad de manera ilegal.

Un factor para ello fue la presencia inesperada de un amigo de Castañeda Sosa, YUSEF SALDIR SOTOMAYOR FORONDA, quien al enterarse del pedido de la DIVANDRO le pidió ayudarlo en dicha captura. Lo que no esperaba Castañeda es que esta persona se apoderaría de parte de la droga que les entregó el vendedor para comercializarlo en Lima, resultando ser su “comprador” un agente encubierto de la DINANDRO, siendo detenido in fraganti y acusando a Castañeda de ser su cómplice en dicha venta.

Para entonces, Castañeda se encontraba detenido en Huaraz merced a una requisitoria que tenía pendiente en Huari. Justo cuando estaba a punto de salir luego de aclarar su caso, la Corte Superior de Huaraz ordenó su detención por intentar comercializar látex de opio, sentenciándolo a fines del 2009 a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD por un  delito que no cometió, pena que viene cumpliendo hasta el día de hoy.   

Por lo contrario, el ex personal de la DIVANDRO-Huaraz corrió con mucha mejor suerte que la de “Lagarto”, gracias a un proceso repleto de irregularidades y que se ha venido extendiendo indebidamente gracias a las idas y venidas que se produjo entre la Sala Penal Nacional Anticorrupción y la Corte Superior de Huaraz.

Posteriormente, se produjeron una serie de idas y venidas entre la Sala Nacional Anticorrupción y la Corte Superior de Huaraz sobre cuál era la instancia competente para realizar el juicio, llevando a una dilación indebida del proceso. Incluso en agosto del 2011, los integrantes de la Primera Sala Penal de Huaraz se inhibieron sin justificación alguna para ver el caso a pesar de que la Sala Penal Nacional había ordenado que sea aquella la encargada de seguir el proceso.

Gracias a estas irregularidades, los policías denunciados por Castañeda fueron saliendo poco a poco de prisión,  y reintegrados a la Policía Nacional. Incluso algunos han tenido una suerte extraordinaria, como el hoy Coronel PNP VICTOR CANTO CORRALES, que incluso fue nuevamente destacado a Huaraz como Jefe de la Dirección Regional contra el Crimen (DIVINCRI).

Por su parte, los policías liberados iniciaron una campaña de desprestigio contra la fiscal Silvia Paredes la que fue denunciada por los presunto delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Protección y Consumo de Drogas, Ocultamiento de Documento Público, Abuso de autoridad, Incumplimiento de Funciones, Allanamiento Ilegal de Domicilio, Secuestro, Denuncia Calumniosa, Encubrimiento Personal y Delito de Función Penal Vigente, en agravio del Estado (HUGO GONZALES)