La Contraloría General de la República ha determinado que la Municipalidad Distrital de Independencia, entre septiembre y diciembre de 2022, aumentó los sueldos de 21 funcionarios contratados bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de manera injustificada, a pesar de no contar con la disponibilidad presupuestal, causando un perjuicio económico de S/ 113,335 a la entidad.
Según el Informe de Control Específico N° 017-2023-2-4603, en agosto de 2022, la comuna distrital aprobó una compensación económica para once empleados de confianza (gerentes) y diez subgerentes sin contar con documentación que respaldara los criterios evaluados para determinar el monto de este beneficio, ni la evaluación de disponibilidad de recursos y certificación del crédito presupuestario que garantizara los fondos.
Para concretar estos pagos, se realizaron modificaciones presupuestarias al Fondo de Compensación Presupuestal (FONCOMUN) por un total de S/ 113,335, a pesar de las restricciones impuestas por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 y sin adherirse a las medidas de austeridad.

En este proceso, se suprimieron fondos destinados a actividades como el almacenamiento, barrido de calles, limpieza de espacios, brigadas para emergencias, Defensoría Municipal al Niño y al Adolescente, catastro municipal, asistencia alimentaria, entre otros, para habilitar recursos para los Contratos Administrativos de Servicios (CAS).02
La compensación económica otorgada a los gerentes y subgerentes durante los meses de agosto a diciembre de 2022 osciló entre S/ 6,000 y S/ 8,000, sumando un total de S/ 235,152.
La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas aclaró que las entidades no pueden modificar el monto de la retribución de los servidores de confianza bajo el régimen CAS, y no pueden percibir otros ingresos distintos a la remuneración fijada en el contrato.
Debido a estos hallazgos, seis exfuncionarios de la comuna distrital enfrentan presunta responsabilidad civil y administrativa, mientras que dos de ellos también están sujetos a un Proceso Administrativo Sancionador (PAS). El informe ha sido remitido al titular de la entidad y al Órgano Instructor de la Contraloría General, y los documentos relacionados están disponibles para consulta pública a través del Buscador de Informes de Control.
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