Pro justicia espera respuestas claras.
Habiendo tomado conocimiento del envío por parte de Minera Antamina S.A. de una “carta aclaratoria” a diferentes medios de comunicación de la ciudad de Huaraz, acompañada de un artículo que vincula a MINERA RIO MOSNA S.A.C con nuestra institución, quisiéramos dar respuesta a algunos puntos que son mencionados en ambas comunicaciones, a fin de aclarar nuestra participación en el conflicto judicial mantenido entre ambas empresas.
PRIMERO.- La Asociación Civil Projusticia trabaja desde hace más de 15 años haciendo el seguimiento de casos judiciales de carácter emblemático, especialmente de aquellos vinculados a hechos de corrupción judicial, política o social. Incluso años atrás hemos denunciado casos de corrupción ocurridos en la ciudad de Huaraz, por lo que no somos nuevos en el tema ni menos en esta región, guiándonos siempre la búsqueda de la verdad y de una verdadera justicia en el Perú.
SEGUNDO.- En tal sentido, si bien Antamina hace referencia en su carta a algunos aspectos del conflicto judicial que sostiene con Río Mosna, extrañamente deja otros sin mencionar que nos parecen sumamente importantes y que son aquellos puntos que hemos buscado que esta empresa aclare en los últimos meses. Estos son:
a) ¿Por qué Antamina mintió al no incluir al distrito de Llata y a la región Huánuco dentro de su Estudio de Impacto Ambiental, a pesar de realizar obras en dicha área tal como reconoce expresamente en su documento? ¿Acaso ello no implica la negativa de otorgarle el canon que le correspondería a esta región?
b) ¿POR QUÉ Antamina no reconoce que dichas “obras” forman parte de sus operaciones mineras, tal como lo señala en su propio Estudio de Impacto Ambiental? ¿Por qué no dice claramente que está convirtiendo a LLata en el botadero de sus desechos mineros?
c) ¿POR QUÉ Antamina no dice que, de acuerdo a la Ley de Minería, no se pueden realizar obras mineras o accesorias en concesiones que no sean de su propiedad?
d) ¿POR QUÉ Antamina no es transparente y dice de una vez por todas porque pagó 120 MILLONES DE NUEVOS SOLES por un terreno de 6,000 Ha. a la comunidad campesina de Túpac Amaru de Llata? ¿Por qué no aclara la manera en que pagó esos terrenos, y quién se habría apropiado finalmente de esa enorme cantidad de dinero? ¿Qué es lo que oculta o quiere ocultar al respecto?
e) ¿POR QUÉ Antamina y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no hacen públicos los informes de fiscalización ambiental realizados en los últimos años a dicha empresa, tal como lo ordena la Ley de Transparencia? ¿Porqué los ciudadanos, sea de Ancash o de Huánuco, no pueden saber si dicha empresa genera o no contaminación? Cabe recordar que Antamina ya tiene un grave antecedente al respecto por el caso Cajacay, donde se produjo un derrame de concentrados de cobre y se le impuso una multa de 207,200 nuevos soles, por lo que no basta negarlo sino que se debe hablar con pruebas en mano.
TERCERO.- Como puede apreciarse, el conflicto entre Antamina y Río Mosna nos parece emblemático debido a todos los puntos señalados, derivando de allí nuestro interés por mantener un seguimiento del caso. Por tanto, si Antamina considera que PROJUSTICIA no debería preocuparse por el juicio que sostienen ambas empresas -a pesar de ser un derecho ciudadano, tal como lo reconoce la Constitución- esperamos que se digne a responder en algún momento las preguntas que le planteamos, dado que son de interés general.
CUARTO.- Finalmente, queremos recordarle a Antamina que el tema de la competencia jurisdiccional sobre el proceso no se encuentra en discusión, dado que es un tema que ha sido clara y debidamente zanjado por la Corte Suprema de Justicia a inicios del presente año, señalando claramente que es el Juzgado Mixto de Llata a quien le corresponde todo lo relacionado a dicho conflicto. Por tanto, esperamos que la decisión del máximo tribunal de justicia del país sea debidamente respetada, sea en Huaraz, Huánuco o Lima, dado que ello es lo que corresponde en un país donde debe primar el Estado de Derecho (PROJUSTICIA).
