La Contraloría General de la República ha destapado un hechos escandaloso en el proceso de adquisición de patrulleros para la Macro Región Policial Áncash por más de S/ 21 millones, liderado por el Gobierno Regional bajo la gestión del gobernador Koki Noriega.
Según el Informe de Hito de Control N° 044-2024-OCI/5332-SCC, se identificaron graves irregularidades que paralizarían la compra de los patrulleros que son requeridos para fortalecer la lucha contra la inseguridad en Áncash.
El Gobierno Regional de Áncash firmó un convenio para reponer patrulleros que están registrados a nombre del Ministerio del Interior (Policía Nacional), por lo menos esa es la naturaleza del acuerdo. En consecuencia, el GORE Ancash vio la necesidad del Ministerio del Interior y se ofreció a reponer todos sus vehículos en mal estado.
Sin embargo, lo escandaloso fue que los funcionarios regionales aprobaron el expediente técnico para la reposición de estos vehículos, a pesar de que 39 de las 102 unidades a ser reemplazadas pertenecen a entidades diferentes como son el mismo Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial del Santa.
Este hecho viola los lineamientos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que establecen que los activos a reemplazar deben ser propiedad de la entidad beneficiaria, en este caso, el Ministerio del Interior (Policía Nacional).
El caso más escandaloso es que la gestión regional aprobó el expediente técnico pidiendo marcas (Nissan y Toyota) y modelos específicos de vehículos en el requerimiento, lo cual transgrede la pluralidad de postores en el proceso de selección, incumpliendo el principio de libertad de concurrencia establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y lo cual terminaría en denuncia penal si se licita de esta forma.
Cabe recordar que, según el numeral 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en la definición del requerimiento, no se debe hacer referencia a fabricación, marcas, patentes o tipos determinados, a menos que la entidad haya implementado un proceso de estandarización debidamente autorizado (lo cual no ha ocurrido en este caso).
Estas son las razones por las que nuevamente se verían frustradas las medidas anunciadas para fortalecer la lucha contra la inseguridad a raíz de la incapacidad de los funcionarios regionales.
