Digno de un manual de mala gestión pública. El Gobierno Regional de Ancash es blanco de un nuevo escandaloso proceso de licitación para la adquisición de uniformes de sus trabajadores. El contrato, valorado en casi medio millón de soles, fue adjudicado a la empresa ROSA EFE MODA S.A.C., con sede en el acomodado distrito limeño de Miraflores, en un proceso plagado de presuntas irregularidades que ha dejado a muchos rascándose la cabeza y a otros, francamente indignados.
Ternos a S/ 1,350
La licitación, que contemplaba la compra de 192 ternos para caballero y 164 ternos sastre para dama (356 en total), resalta no solo por su cuestionable adjudicación, sino por el precio exorbitante que pagaremos todos los ancashinos. Cada uniforme costará la friolera suma de más de S/ 1,350 soles, un monto que haría palidecer incluso a los más exclusivos sastres de la capital. A modo de ejemplo, en una rápida búsqueda en el mercado encontramos que ternos de calidad similar pueden encontrarse por precios que varían entre S/ 500 y S/ 800 (Pero, pareciera que los trabajadores del GORE Áncash quisieran vestirse con tela exclusiva de diseñador).
¿Escandaloso favoritismo?
Pero el verdadero escándalo radica en cómo se desarrolló el proceso. El comité de selección, presidido por el abogado Ricardo Tito Castromonte Almendrades, el bachiller Rafael Antonio Salazar Jamanca (el cual es cuestionado por integrar el comité sin tener título) y el docente Johan Villegas Morales; quienes parecen haber hecho malabares con las reglas para descalificar a dos de los tres postores. La empresa PERU TE COSE S.A.C. fue eliminada por un tecnicismo en el plazo de entrega, mientras que CORPORACION TEXTIL MILAN S.R.L. quedó fuera por no acreditar la experiencia mínima requerida, a pesar de presentar contratos que el comité se habría negado a considerar válidos. Lo cual -a opinión de algunos- es un evidente caso de favoritismo y corrupción.
Ganó el más carero
Lo más indignante es que la empresa ganadora, ROSA EFE MODA S.A.C., presentó la oferta más cara de las tres, con un monto de S/ 483,000 soles. A diferencia del ganador, CORPORACION TEXTIL MILAN S.R.L. ofertó S/ 439,240 soles, lo que representa una diferencia de S/ 43,760 soles menos. Esta decisión del comité de selección ha generado un perjuicio económico directo al Gobierno Regional de Ancash y, por extensión, a los bolsillos de los ciudadanos ancashinos.
Un trabajador nombrado de la región, quien pidió no revelar su nombre, no pudo ocultar su indignación al comentar: «Este proceso huele mal desde el principio hasta el final. El principio de eficacia y eficiencia en las contrataciones públicas exige que se prioricen las ofertas más ventajosas para el Estado. Aquí parece que han hecho todo lo contrario. Esta gestión huele a corrupción por donde se le mire en cualquier proceso».
¿Sindicato cómplice?
Hace algunas semanas los trabajadores del Gobierno Regional de Ancash, principales afectados por esta decisión, realizaban un plantón reclamando sus beneficios. Sin embargo, se sabe que conocen estos hechos ante los cuales han guardado silencio. Otro trabajador nombrado, y miembro del sindicato, declaró: «Es un insulto que se malgasten nuestros recursos en uniformes sobrevalorados mientras hay tantas necesidades. Algunos no podemos decir nada porque luego se nos hostiga laboralmente».
Ancash para los limeños
Además de todos los cuestionamientos surge la pregunta ¿Por qué el Gobierno Regional de Áncash contrata a una empresa de Lima para confeccionar uniformes? Esta decisión no solo ignora el talento local, sino que también va en contra de las políticas de desarrollo regional que deberían promover la economía de la zona.
Contraloría debe intervenir
Como medio de comunicación exhortamos a que las autoridades competentes, incluyendo la Contraloría General de la República, inicien una investigación exhaustiva de este proceso de licitación, caso contrario podrían ser acusados de complicidad con su silencio. Asimismo, se debe evaluar la actuación del comité de selección y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales por las presuntas irregularidades detectadas.
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