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Constructora del Colegio Santa Rosa adeuda S/ 1.5 millones a la SUNAT

San Agustín EIRL debe al fisco millonario monto por el no pago de impuestos, EsSalud y ONP desde el 2019.

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La empresa San Agustín EIRL Contratistas Generales, una de las tres firmas que conforman el cuestionado Consorcio Educa, ganador de la licitación para la obra de mejoramiento de los servicios educativos del colegio Santa Rosa de Viterbo en Huaraz, mantiene una deuda tributaria de S/ 1,518,112 soles por el no pago de impuestos a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), según pudo investigar Huaraz Noticias.

Esta nueva información se suma a los graves cuestionamientos que pesan sobre el proceso de contratación, donde la Contraloría General y Huaraz Noticias advirtieron la presunta falsificación de documentos por parte del Consorcio Educa para acreditar la experiencia de su personal clave. Asimismo, se reveló que las tres empresas que lo integran tienen sanciones por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

La millonaria deuda tributaria de San Agustín EIRL, que asciende a más de un millón y medio de soles, revela su capacidad para cumplir cabalmente con sus obligaciones contractuales en la obra adjudicada para construir el Colegio Santa Rosa de Viterbo de Huaraz por un monto de S/ 77.4 millones de soles. Esta situación generaría retrazos, paralizaciones o, incluso, el incumplimiento del contrato.

Padres de familia del colegio Santa Rosa manifestaron su preocupación por la falta de rigurosidad en la verificación de los antecedentes de las empresas participantes por parte de los funcionarios del Gobierno Regional de Ancash involucrados en el proceso de licitación.

«Es inaceptable que se adjudique una obra de tal envergadura a un consorcio integrado por empresas con deudas tributarias millonarias e inhabilitaciones vigentes por parte del OSCE», señaló un padre de familia.

Ante esta coyuntura, hay voces que ven como única salida la nulidad del proceso y el inicio de las acciones legales correspondientes contra los funcionarios y empresarios involucrados en las presuntas irregularidades detectadas.

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