El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar ha emitido un informe alertando sobre la delicada situación en torno a la presentación de declaraciones juradas para la gestión de conflictos de intereses, esto es declarar quienes son sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad para evitar el nepotismo y conflicto de intereses.
El Informe de Orientación de Oficio N° 09-2023-OCI señala que la gestión del precandidato regional del MANPE, Oswaldo Montes, los funcionarios y servidores públicos de la entidad no están cumpliendo con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de conflicto de intereses correspondientes al periodo 2023.
Esta omisión limita la detección y prevención de posibles casos de conflicto de intereses en el ejercicio de sus cargos. Además, afecta la transparencia de la gestión municipal, comprometiendo la integridad y responsabilidad de los servidores públicos.
La Ley N° 31227 establece la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada de intereses para diversas autoridades y servidores públicos, entre los que se encuentran alcaldes, regidores, secretarios generales, directores generales, gerentes generales, y otros cargos de relevancia.
Pese a tener la asesoría legal del conocido abogado asesor de diversos municipales y excandidato a la alcaldía de Huaraz, Curre Rojas, el alcalde Oswaldo Montes parece reírse de la norma y hacer lo que desea en uno de los municipios más millonarios de Áncash.
El incumplimiento de este requisito es considerado un impedimento para el ejercicio del cargo o función pública, según lo estipulado en el numeral 2.2 del artículo 2° de dicha ley, y el cual puede terminar en una denuncia penal por omisión de funciones contra todos los funcionarios y servidores involucrados, incluyendo al alcalde Oswaldo Montes.
Ante esta situación, el OCI hace un llamado a la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar para adoptar acciones inmediatas que aseguren la presentación de las declaraciones juradas de conflictos de intereses por parte de los funcionarios y servidores públicos.
