Vecina y exregidora del distrito de San Marcos, Dagmar Borda, acudió a una emisora local para denunciar que viene “sintiéndose amenazada por solo ejercer su derecho a fiscalizar. Todos saben quién es” las obras municipales.
Según su testimonio, desde que comenzó a emitir en vivo sus visitas a obras públicas y a señalar presuntas irregularidades, tanto ella como su familia han recibido amenazas. “No me dejen fiscalizar — me dijeron — o algo va a pasar”, sostuvo, mostrando su temor ante lo que considera un abuso de poder.
Borda afirma que no se trata de acusaciones aisladas, asegura que hay vigilancia constante — cámaras que registran quién entra y sale de su vivienda — y que ya hay signos de violencia, incluida una agresión previa contra una trabajadora de confianza del alcalde, en la que le mutilaron un dedo. Esa agresión, según la denunciante, sería parte de un patrón de intimidación organizado por allegados al alcalde.
Asimismo, denunció que, tras presentar denuncias ante la fiscalía local, sus casos habrían sido archivados sin explicación. Ella y su entorno interpretan ese acto como una señal de impunidad o presunta corrupción donde se sospecha que pareciera que han sido comprados. Borda insiste en que durante toda la gestión de Ugarte habría operado una estructura de poder — con participación de una mujer vinculada a la gestión municipal — encargada de frenar cualquier fiscalización incómoda.
Una fuente anónima por temor a represalias, vecina de San Marcos, declaró a este medio informante que “todo el mundo sabe que, si le pasa algo a Dagmar, los más felices serían los allegados al alcalde, especialmente Lesly Gonzales, quien ‘manda’ sobre Manuel Ugarte como si fuera su títere o marioneta”. Según esa versión, los medios de comunicación que han criticado la gestión municipal habrían sido amedrentados. Algunos recibieron cartas notariales exigiendo rectificación, otros fueron amenazados con denuncias judiciales.
Este escenario de presión, denuncias y amenazas no es un caso aislado en el país. Organismos como Reporteros Sin Fronteras (RSF) han documentado un aumento alarmante de agresiones, hostigamientos y atentados contra periodistas y vecinos que ejercen una labor de vigilancia ciudadana o periodística.
La situación que relata Dagmar Borda pone en evidencia lo delicado que puede ser denunciar irregularidades desde dentro de una comunidad. Amenazas, miedo, hostigamiento, y la posibilidad de que las instituciones encargadas de impartir justicia no respondan. Si no se investiga con seriedad, la impunidad no sólo protege a los presuntos responsables, sino que también silencia a quienes buscan transparencia.
