El Colegio de Periodistas del
Perú, Consejo Departamental de Ancash, consiente del rol que le compete y
desempeña en nuestra sociedad, se dirige
a los ancashinos y ancashinas para expresar públicamente el siguiente
manifiesto:
1,. La región Ancash, en los
últimos 10 años viene atravesando una de las más severas crisis de su historia,
donde gobernantes y malos funcionarios han motivado la quiebra económica de
nuestra región apoderándose de los recursos del estado que corresponde a cada
uno de los ancashinos.
2,- Transcurridos más de dos años
de la encarcelación del nefasto ex gobernante Cesar Álvarez Aguilar, la
justicia nacional como la que corresponde a nuestras autoridades judiciales
regionales no adoptan las medidas sancionatorias, por el contrario están
dejando que pase el tiempo para que dichos procesos prescriban, lo que muestra una clara complicidad con la
corrupción.
3.- Nos preocupa los actos de
corrupción que se vienen conociendo a diario y que comprometen a altos
funcionarios del país, empresas privadas incluso a algunos miembros de la
prensa peruana, por lo que esperamos se actúe con firmeza y decisión hasta
alcanzar la verdad. Nuestro ente deontológico rechaza plenamente la corrupción,
venga de donde venga y pide que se actúe con firmeza.
4.-Que el desgobierno que
actualmente atraviesa nuestra región en gran parte es ocasionado por el poder
judicial, por no actuar oportunamente y con transparencia. Ante el anuncio de
la pronta excarcelación del Gobernador Regional Waldo Ríos Salcedo, demandamos
del poder judicial y del Ministerio Público celeridad en los procesos y actuar
con apego la ley y a la voluntad del
pueblo que busca verdad y transparencia.
5.- No aceptamos vivir en medio de la corrupción.
Los ciudadanos somos testigos de cómo las denuncias más sustentadas son
desbaratadas con argucias legales y el resultado casi siempre favorece con la
impunidad al presunto autor. Los ciudadanos exigimos que se sancione a los
corruptos, pero las complicidades políticas siempre pesan más que las pruebas.
La sucesión de casos se hace interminable: no se olvida el caso de las
ambulancias, el estadio Rosas Pampa, la Carretera Carhuaz Chacas, el proyecto
Especial Chinecas, entre otros. Todos estos casos demuestran que las prácticas
corruptas de los últimos años, agravadas durante el gobierno de Waldo Ríos,
continúan y se fortalecen con este gobierno de Enrique Vargas quien no hace
nada para salir de la crisis económica y moral de la Región Ancash.
6.- El Poder Judicial constituye
la principal institución llamada, dentro de un Estado Constitucional, a luchar
contra la corrupción. Esto ciertamente, dentro de un marco de cooperación con
otras instituciones. Desde inicios del año dos mil uno, la legislación y
acciones destinadas a revertir la corrupción judicial se han incrementado,
destacando el rol de la judicatura a través de nuevos esquemas de actuación
como el del sub sistema anticorrupción, cuya competencia ha sido ampliada; sin
embargo a nuestros magistrados pareciera no interesarles el problema de la
corrupción que atraviesa nuestra región y poco o casi nada han hecho hasta el
día de hoy, por el contrario es manifiesto que su criterio de conciencia no
está en atender el clamor de la ciudadanía.
7.- Los actos de corrupción de
los que hemos sido testigos en los últimos años
tienen en común que sus protagonistas son altas autoridades de los
gobiernos locales, regionales y el propio
gobierno nacional, junto a malos profesionales y malos empresarios que
cuentan con la complicidad de los poderes que administran justicia. Todos estos
actos han sido descubiertos por la oposición o por la prensa, y ninguno por los
mecanismos de control y fiscalización que tiene el Estado. Por el contrario, el
accionar de estas instituciones promueve
la impunidad y la protección hacia los corruptos, extendiéndose este “blindaje”
a todas las esferas del poder-
8.- El acceso a la información de
interés público es una señal de modernidad democrática y un argumento que
refuerza la confianza en las instituciones del sistema, fortalece a la
ciudadanía, afirma la vida en democracia y los vínculos entre mandante y
mandatario. Por tanto tal acceso se tiene que concebir como un derecho de
naturaleza colectiva donde la información es requerida a las autoridades como
medida de control de la gestión pública. Por lo tanto, los portales electrónicos
que por ley corresponde a cada institución pública publicar, se mantengan
permanentemente actualizados.
9.- .- La circunstancia actual
hace recordar que, el año 2004, el Tribunal Constitucional del Perú sentó
precedente señalando que el derecho de acceso a la información pública
“representa una realidad de doble perspectiva, pues no solo constituye el
reconocimiento de un derecho fundamental, sino el deber del Estado de dar a
conocer a la ciudadanía sus decisiones y acciones de manera completa y
transparente”. Expuso así que una política estatal orientada a negar el acceso
a la información pública lleva implícita una voluntad de ocultar actos de
corrupción.
10.- Manifestamos nuestro rechazo
a todo acto de corrupción, en todos los niveles de gobierno, que provenga del
sector público, sector privado o sociedad civil. En ese sentido, lamentamos el
proceder ilegal de algunas empresas nacionales y/o extranjeras que contratan
con el Estado peruano utilizando la figura del soborno para adjudicarse contratos.
11.- Reprochamos el actuar de
algunos malos funcionarios del Gobierno peruano que, aprovechándose de su
posición privilegiada y completamente ajenos a la verdadera vocación de
servicio que todo servidor público debe practicar, vulneran el principio de
legalidad y respeto por su país para obtener beneficios privados, a costa del
bienestar y el futuro de millones de peruanos.
12.- No es suficiente decir “de
la boca para afuera” que se está contra la corrupción, es fundamental
enfrentarla con coraje y acción. Nuestra Región y el país ha sido secuestrada
por una minoría entreguista y corrupta, y es un imperativo recuperarla. Por
ello, hacemos un llamado a los colegios
profesionales a deslindar con la corrupción y apelamos a la reserva moral de
los peruanos para exigir justicia, para decir: ¡BASTA YA de impunidad de
quienes hoy se sienten protegidos o blindados por leyes hechas a la medida de
sus intereses personales o de grupo! ¡BASTA YA al robo, BASTA YA a la
corrupción.
13.- Finalmente exhortamos a nuestros
colegiados y a todos los hombres de prensa de la Región Ancash, anteponer la
Verdad ante cualquier circunstancia, mantener el principio de las libertades de
expresión con sujeción al bien de la sociedad; También pedimos a la
colectividad denunciar a los malos periodistas y comunicadores, que si son
parte del Colegio de Periodistas serán sometidos al código de ética de nuestra
Institución y serán sancionados, tal y como el Tribunal de Honor de nuestra
orden establezca.
