La audiencia clave para el futuro del exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza Villarreal, fue sorpresivamente reprogramada, pese a su alta relevancia para la ciudadanía. El juicio por el emblemático caso Consorcio Huaraz, donde se le acusa de colusión agravada, quedó suspendido sin previo aviso público y sin transmisión por los canales oficiales del Poder Judicial ni del Ministerio Público de Áncash.
El juez Víctor Armando Olivares Velarde del Juzgado Unipersonal Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Áncash dispuso que la sesión se reanude recién el 17 de junio de 2025, a las 3:00 p.m., generando desconcierto y suspicacias entre los ciudadanos que esperaban el inicio del juicio oral.
La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión efectiva para Meza y otros implicados, tras confirmarse que el proceso sigue en marcha luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declarara fundado un recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Anticorrupción de Áncash, revirtiendo un fallo previo que lo favorecía.
A Vladimir Meza se le imputa haber actuado con pasividad ante evidentes irregularidades en la adjudicación del proyecto de “Renovación de Redes de Agua Potable de la ciudad de Huaraz” al Consorcio Huaraz. Entre las principales observaciones figura la aceptación de cartas fianzas emitidas fuera de plazo y por una entidad financiera que no contaba con autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros.
La sentencia de casación también señala que Meza fue advertido por el entonces gerente de la EPS Chavín, Juan Tarazona Minaya, sobre los riesgos detectados en las garantías, sin que haya actuado para remediarlos, lo que vulnera claramente el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El caso Consorcio Huaraz, considerado uno de los más graves escándalos de corrupción en la región, sigue sumando capítulos inesperados. Mientras tanto, la población de Huaraz exige justicia y transparencia, en un proceso que podría sentar un precedente clave para la lucha contra la impunidad en Áncash.
