El Concurso Público CAS N° 002-2025 de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) se ha convertido en objeto de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción tras la exposición de una secuencia de actos administrativos con inconsistencias documentales y cronológicas. El proceso, destinado a cubrir la plaza N° 007 de Ingeniero de Sistemas, concluyó con la descalificación de una postulante y la victoria de un único candidato, en un marco de decisiones que ahora son materia de revisión legal.
El 7 de octubre de 2025, el comité de evaluación publicó el acta de resultados curriculares. En ella, la postulante Rocío Ivett Castromonte Quiroz fue declarada «NO APTA». La observación oficial consignada fue su presunto incumplimiento de la experiencia general requerida, vinculando el cómputo de esta al año de expedición de su título profesional el cual fue el 2023. Sin embargo, el único candidato declarado «APTO» en esa misma acta, Andy Junior Bonilla Rivera, poseía, según la denunciante, credenciales académicas con fechas idénticas de egreso, bachillerato y titulación. El criterio de evaluación se aplicó de manera diferenciada a dos postulantes en idéntica condición.
Ante esta situación, Castromonte presentó un reclamo formal. La respuesta del comité evaluador, documentada en el «Acta de Absolución de Reclamos» del 9 de octubre, modificó el fundamento de la decisión original. Ya no se argumentó sobre el cómputo de la experiencia post-título. En su lugar, se señaló que la postulante «no adjunta ninguna documentación distinta al título profesional que permita efectuar el cómputo de la experiencia profesional anterior». Esto, a pesar de que la propia acta reconoce que Castromonte sí incorporó su grado de bachiller y constancia de egresado en el reclamo. La comisión optó por no validar esta nueva documentación ni proceder a una verificación de oficio, facultad que le asiste, principalmente tratándose de una egresada de la propia institución cuyos registros académicos son accesibles internamente o a través de la plataforma pública de SUNEDU.
La irregularidad más significativa, no obstante, reside en la cronología de los documentos oficiales. El «Acta de RESULTADOS FINALES», documento que proclama al ganador del concurso y detalla los puntajes de la evaluación curricular y la entrevista personal, fue emitida con fecha del 13 de agosto de 2025. Las etapas cruciales que este documento concluye, como la publicación de aptos (7 de octubre), la absolución de reclamos (9 de octubre) y la propia entrevista personal (10 de octubre), ocurrieron casi dos meses después de la fecha que figura en el acta final. El resultado oficial del concurso fue, documentalmente, preexistente a la realización del mismo.
Estos hechos motivaron a Rocío Castromonte a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios contra los miembros de la comisión evaluadora. El caso ha dejado de ser un mero procedimiento administrativo para convertirse en una investigación sobre la integridad y la legalidad de las actuaciones de los funcionarios públicos responsables de garantizar un proceso de selección basado en el mérito y la transparencia. La UNASAM ahora enfrenta el desafío de explicar cómo un expediente de contratación pudo concluir, oficialmente, antes de haber comenzado.
