En nuestra débil política regional, donde el rumor a menudo precede a la noticia, se ha instalado un clima de tensión y desconfianza. Un grupo de ciudadanos, que ha solicitado mantener su identidad en estricta reserva argumentando un fundado temor a represalias, ha decidido romper el silencio para exponer lo que califican como una «maquinaria oscura» de cara a las próximas elecciones.
En el centro de la controversia figura el nombre conocido y polémico de Juan Carlos Morillo Ulloa. El exgobernador, cuya gestión pasada estuvo marcada por investigaciones fiscales y un periodo de prisión que interrumpió su mandato, no parece haber dado por terminada su vida política. Actualmente, ostentando el cargo de vicepresidente en su organización partidaria, Morillo orquesta un retorno al sillón regional.
Según los testimonios recogidos, la estrategia para cimentar este regreso no se basaría únicamente en propuestas o mítines, sino en una presunta negociación de influencias. Los denunciantes sostienen que se estaría ofreciendo la designación de subprefecturas —cargos que representan al Ejecutivo en las provincias y distritos— a los «mejores postores».
La moneda de cambio, según estas versiones, no sería otra que el trabajo político incondicional. «Nos dicen que, si queremos el puesto, tenemos que asegurar bases, llevar gente a los mítines de los candidatos a congresista, a su campaña del mismo Morillo, provinciales y votos para el partido. Están convirtiendo cargos de confianza del Estado en un trueque», relata una denunciante, con la voz cargada de indignación y cautela.
Esta situación, de comprobarse, desnaturalizaría la función de las subprefecturas, cuyo fin es velar por la seguridad y el orden interno, no servir como operadores políticos para una candidatura regional.
Lo que hace que esta denuncia se mantenga en los márgenes del anonimato es el perfil de los actores involucrados. Los denunciantes aseguran que el temor no es infundado. «Estamos hablando de personas que ya han estado en el poder y que conocen todo el sistema. Denunciar con nombre y apellido en Áncash puede costarte la tranquilidad de tu familia», explican.
El historial de Morillo, quien enfrentó procesos por colusión agravada relacionados con obras hospitalarias durante la pandemia, es un factor que pesa en la psique colectiva de la región. Para sus críticos, este intento de regreso a la política, sumado a las presuntas maniobras para cooptar autoridades locales, representa una señal de alerta que las autoridades electorales y el Ministerio del Interior deberían investigar de oficio.
Mientras Juan Carlos Morillo avanza en su reestructuración partidaria, la ciudadanía de Áncash espera que estas alertas no caigan en saco roto y que la transparencia sea el único requisito para acceder a la función pública, y no el intercambio de favores bajo la mesa.
