Una grave denuncia anónima ha sacudido al distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, develando un preocupante patrón de irregularidades que señalarían la instrumentalización de la administración pública para fines políticos y personales. La situación, descrita como «insoportable» por un extrabajador que ha pedido reservar su identidad por temor a su vida, apunta directamente a la cúpula municipal, liderada por el alcalde Manuel Ugarte, y sus familiares más cercanos.
Requisito para trabajar: Ser golondrino
La denuncia, recibida por este medio, describe un ambiente laboral viciado desde el primer requisito de contratación. Un trabajador, proveniente de Huaraz y que se desempeñaba como locador, relata cómo se le exigió cambiar su domicilio en el DNI a San Marcos como condición para obtener el empleo. «Yo votaba en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz. Me dijeron que el cambio era porque tenía que ayudar y votar por el ingeniero Manuel Ugarte, el alcalde que iba a la reelección. Ellos me dieron la dirección de mi supuesta casa que ni conozco», detalla el denunciante. Esta práctica, de confirmarse, podría constituir un grave delito contra la fe pública y la libertad de sufragio, al manipular el padrón electoral con fines proselitistas. La ONPE, en este escenario, tendría la ineludible tarea de verificar la validez de los domicilios de los votantes en el distrito.
Más golondrinos
Pero la coacción política no se detendría ahí. El relato ahonda en una creciente presión. «Luego me han pedido más y más», confiesa el denunciante, refiriéndose a la exigencia de afiliar a tres personas adicionales con cambio de DNI como condición para mantener su puesto. Esta escalada en la demanda de «favores» políticos revela una presunta maquinaria de captación de votos, donde la necesidad laboral de los ciudadanos es utilizada como palanca para asegurar la permanencia en el poder.
¿Organización criminal?
La estructura de poder dentro de la municipalidad, según el testimonio, es una clara muestra de nepotismo y concentración de autoridad en un círculo íntimo. «Primero es su esposa del señor alcalde, una tal Lesly, que ella es la que todo ordena por encima del alcalde. Luego de eso están los hermanos del alcalde, y debajo de ellos están los primos y luego los gerentes y regidores», describe la fuente. Esta jerarquía informal, donde los lazos familiares priman sobre la meritocracia y la estructura orgánica, genera un clima de opacidad y favorece el tráfico de influencias. Dicho sea de paso la mayoría de ellos denunciados por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por no poder sustentar sus señales exteriores de riqueza.
Los explotarían
La presión sobre los locadores no solo se limita al ámbito político-electoral. El denunciante describe una situación de explotación laboral sistemática. «Todos nos presionan a tal punto que es una explotación a los locadores. Nos quedamos hasta las 10 de la noche solo por avanzar y subsanar documentos de las empresas que son amigos de sus familiares del alcalde», revela. Esta afirmación es particularmente delicada, ya que sugiere un posible delito de colusión y tráfico de influencias, donde los procesos administrativos se agilizan o modifican para beneficiar a empresas vinculadas a la familia del alcalde, en detrimento de la transparencia y la probidad en la gestión pública. La falta de pago puntual y la exigencia de trabajar fines de semana sin remuneración extra, son prácticas que vulneran los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores.
Control casi policial
El ambiente de control y persecución política es palpable. «No puedo conversar con personas de otros grupos políticos acá en San Marcos ni en la calle porque me ven conversar y para ellos es lo peor, me botan del trabajo, no puedo estar afiliado a otro partido, no puedo hacer nada. Si no comparto o voto para el alcalde me están controlando», afirma el locador. Este control ideológico, que busca silenciar cualquier disidencia o afiliación política distinta, es una clara afrenta a los principios democráticos y a la libertad de asociación.
Encuestas falsas
La denuncia culmina con una revelación que raya en lo absurdo, pero que grafica la obsesión por la imagen política sobre la gestión. «Están despidiendo a la gente cuando no votamos por encuestas donde Manuel Ugarte participa. Cada uno tenemos que conseguir 50 ‘me gustas’, así sean trolls, cuentas falsas, no sé qué pasa, más les importa eso que gobernar», concluye el denunciante. Esta práctica no solo denota un desvío de los recursos y el tiempo municipal hacia la propaganda personal, sino que también revela una preocupante priorización de la popularidad digital sobre las verdaderas necesidades de la población.
Posibles delitos
Las graves acusaciones planteadas en esta denuncia sugieren la posible comisión de presuntos delitos que deben ser investigados con celeridad y rigurosidad Delito contra la Voluntad Popular y la Fe Pública, Delito de Abuso de Autoridad, Delito de Negociación Incompatible o Tráfico de Influencias, Delito de Nepotismo o Delito contra la Libertad de Trabajo y Explotación Laboral.
La renuncia del denunciante, producto del hartazgo y la presión, es un síntoma de un problema mucho mayor que exige la intervención de la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La ciudadanía de San Marcos merece una gestión transparente, ética y dedicada al bienestar público, no a los intereses de un grupo familiar o político.
