Una investigación periodística de Huaraz Noticias ha revelado graves irregularidades en la implementación y ejecución de los nuevos Planes de Trabajo de Acción de Fiscalización (PTAF) en el Consejo Regional de Áncash, que implican un desembolso superior a S/. 1.2 millones del dinero de todos los ancashinos. Nunca antes los consejeros habían recibido dinero adicional aparte de los S/. 4,200 de su dieta mensual para “fiscalizar”, pero el 1 de febrero de este año fue la primera vez que los 25 consejeros regionales aprobaron destinarse este millonario monto mediante el Acuerdo de Consejo Regional 007-2024.
Sin sustento
Los PTAF, implementados recién este año en el Consejo Regional, han generado graves acusaciones al interno del Consejo Regional presidido este año por Hugo Mallqui (Consejero Delegado) sobre su validez y marco normativo. Un miembro del Consejo Regional, quien solicitó mantener su identidad en reserva, manifestó su preocupación por la súbita creación de estos planes, que representan un cambio radical en los procedimientos de fiscalización.
«Anteriormente, incluso en esta gestión el 2023, las acciones de fiscalización se realizaban mediante oficios directos, cumpliendo su propósito sin necesidad de gastar S/. 1 millón 200 mil soles adicionales. Entiendo que la dieta es para eso«, señaló el consejero regional bajo condición de anonimato quien ha aportado abundante documentación a Huaraz Noticias sobre el caso.
Amerita denuncia
Según el mismo consejero, las irregularidades detectadas en la ejecución de los PTAF son evidentes como el hecho que, a pesar de la contratación de profesionales técnicos especializados (ingenieros) para las labores de fiscalización, hasta la fecha estos profesionales no han presentado sus informes técnicos que justifiquen su participación y el sueldo recibido. Según la misma fuente, los ingenieros ya cobraron por sus servicios sin haber presentado los informes requeridos según los Términos de Referencia.
Además, llama poderosamente la atención la omnipresencia (está en todos lados) del asesor legal del Consejo Regional designado en enero del 2023, Orlando Ildefonso Almendrades, en prácticamente el 90% de las acciones de fiscalización como acompañante, pese a que su rol debería limitarse a la asesoría jurídica en oficina (según los instrumentos de gestión y su resolución de designación) y no a funciones técnicas de fiscalización para las veedurías. Cabe recordar, que para las veedurías se paga a los ingenieros.
La participación repetida del asesor legal Orlando Ildefonso en las fiscalizaciones está probado ya que ha generado un significativo gasto en viáticos que superaría ampliamente las 5 cifras según cálculos, cuyo beneficio para la institución no ha sido debidamente sustentado en los resultados de las acciones de Fiscalización. La presencia constante del asesor legal en las fiscalizaciones de campo (con viáticos incluido) ha generado una sobrecarga laboral no atendida que, paradójicamente, ha llevado a la necesidad de contratar a 5 asesores legales adicionales con sueldos exorbitantes.
Hasta S/. 5 mil por día
Cada supuesta acción de fiscalización (cuyos resultados no son visibles ni con acciones, acuerdos o denuncias) bajo el esquema PTAF representa un costo escandaloso aproximado de hasta S/. 5,000 soles por un solo día que cubre los “gastos” de los consejeros regionales a pesar de que la fiscalización sea en Huaraz o la propia provincia donde vive, monto que debe ser minuciosamente revisado sobre su pertinencia y resultados concretos. Con estos cobros adicionales, un consejero regional de Koki Noriega puede llegar a cobrar al mes hasta más de S/. 10,000 o s/. 15,000 soles mensuales.
Cámaras apagadas en Repartija
Lo más grave es la falta de transparencia en el manejo de información de los PTAF. Huaraz Noticias tiene en su poder un video grabado con el celular de un consejero donde se debaten los PTAF, pero -según nuestra misma fuente- por disposición del Consejero Delegado Hugo Mallqui y el Secretario General Benjamin Yauri, las transmisiones en vivo de las sesiones donde se aprueban los PTAF (y donde se aprueba la millonaria repartija para la supuesta fiscalización) son apagadas intencionalmente en el momento que inicia este tema, impidiendo el acceso de la ciudadanía a información de interés público.
¿Quiénes crearon los PTAF?
El mismo consejero regional consultado recuerda que, a pesar de que no existe un marco legal específico para este cobro indiscriminado de S/. 1 millón 200 mil soles de los cuestionados PTAF, habrían sido los asesores legales del Consejo Regional de Áncash, Orlando Ildefonso y Carlos Barrera, quienes fueron los responsables de diseñar y crear los argumentos para este mecanismo sin considerar las implicancias normativas ni la duplicidad de cobros adicionales a las dietas que deben ser para fiscalizar.
Tras la revisión de 2 documentos autenticados, un aspecto delicado es la ausencia de las iniciales del asesor Almendrades en los documentos que proyecta, práctica que contraviene los procedimientos administrativos básicos y dificulta la trazabilidad de las responsabilidades en la elaboración de informes y documentos oficiales.
Blindaje a Gerente La Rosa
La reciente votación sobre la permanencia del Gerente General Marco La Rosa ha puesto en evidencia una situación que amerita especial atención pues los consejeros que lideran la supuesta oposición y “fiscalización» –Yanet Pinto, Alex Peláez, Yover Montoya, Berly Milla, entre otros- votaron contra la remoción o se abstuvieron (además no se evidencia ningún acto de fiscalización ni denuncia contra graves hechos en el GORE Ancash), siendo precisamente estos consejeros los mayores beneficiarios de los PTAF. Las mismas fuentes señalan que la permanencia de La Rosa habría sido condicionada a mantener el monto de S/. 1 millón 200 mil soles para estos planes de (NO) «fiscalización» sin resultados. Mientras tanto, la Contraloría, pese a conocer estas irregularidades, mantiene un preocupante silencio.
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