Una inversión de S/ 3,653,860.00 de fondos públicos, destinada a construir la anhelada residencia universitaria para los estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), se encuentra en grave riesgo tras la adquisición de un terreno que no solo incumple las condiciones técnicas más elementales del proyecto, sino que fue comprado a través de un proceso plagado de irregularidades.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 019-2025-2-0213-AOP de la Contraloría General expone una cadena de decisiones de funcionarios y comités que ignoraron sus propias bases, validaron documentación alterada y allanaron el camino para una de las compras más cuestionables en la historia de la universidad.
La falla fundamental del proyecto reside en la geografía misma del predio adquirido. Los términos de referencia, aprobados por la UNASAM en 2014, eran inequívocos ya que el terreno debía tener «topografías con pendientes menores a 5%», además de habilitación urbana y servicios básicos. Sin embargo, el predio seleccionado en el CPM Huanchac, propiedad de Campos Vda de Zarzosa Marciana, presenta una topografía radicalmente opuesta, con pendientes que oscilan entre el 20% y el 50%.
Un informe técnico citado por la Contraloría lo describe como el terreno «más accidentado de la zona», una característica que no solo contraviene la Norma A.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones, sino que hace inviable, técnica y económicamente, la construcción planeada. A pesar de esta flagrante contradicción, en el estudio de preinversión se le otorgó el puntaje perfecto, por encima de otras opciones más viables.
El camino hacia esta compra estuvo marcado por procesos fallidos y decisiones que favorecieron al postor ganador. Una primera convocatoria en 2018 fue anulada por vicios evidentes, como la presentación de documentos fuera de plazo. Lejos de corregir, la segunda convocatoria, Adjudicación Simplificada n.° 002-2018-CSUNASAM, se convirtió en el escenario donde se eliminó al único competidor, el Consorcio Santillana, bajo pretextos que la investigación de Contraloría ha desmantelado uno por uno. El comité de selección argumentó una «discrepancia» en el precio de la oferta, cuando se trataba de un simple redondeo a dos decimales permitido por las bases.
Alegaron que una carta poder carecía de firma original, pero la verificación posterior confirmó que el documento sí estaba debidamente firmado. Finalmente, objetaron que se ofertara una porción de un terreno matriz, ignorando que el postor presentó planos perimétricos claros y asumía todos los gastos de la independización. Al descalificar al único rival con argumentos endebles, el comité dejó el camino libre para la única propuesta restante: la del terreno inviable.
La irregularidad más grave, sin embargo, se encuentra en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) N° 015-2018, un documento clave para la viabilidad. La Contraloría descubrió que este certificado no fue gestionado para una residencia universitaria, sino para un proyecto de bajo impacto denominado “Zona Recreacional Huanchac”, que solo contemplaba parrillas, techos rústicos y juegos de fulbito, sin las excavaciones profundas que requiere una edificación de gran envergadura.
Más alarmante aún es la manipulación de los datos del CIRA. Al comparar las coordenadas del certificado con las del registro de propiedad de la SUNARP (Partida n.° 02162580), el informe es tajante: los vértices del CIRA están «movidos». El Gráfico N° 2 del documento de control muestra un polígono visiblemente desplazado, falseando el área real del predio. Esta manipulación permitió ocultar otro hecho crítico: el CIRA afirmaba una «proximidad» de 5 a 6 metros a un sitio arqueológico, pero la georreferenciación de Contraloría probó que dicho sitio arqueológico se encuentra dentro del terreno comprado. El informe precisa que estas coordenadas alteradas fueron proporcionadas por el propio representante legal del vendedor, Cesar Benjamín Zarzosa Campos, en su solicitud al Ministerio de Cultura.
Pese a la topografía adversa, la eliminación cuestionable de la competencia y un CIRA fraudulento, los filtros internos de la UNASAM fallaron o fueron deliberadamente ignorados. Informes de la Dirección de Bienestar Universitario y de la Oficina de Desarrollo Físico dieron su visto bueno. De hecho, el Informe N° 365-2018-UNASAM-OGDF-USyLO/J llegó a la asombrosa conclusión de que los módulos del proyecto «SI SE PUEDE ADECUAR» en el accidentado terreno. Con estas validaciones internas, la gestión del entonces rector Julio Poterico Huamayalli firmó el contrato el 24 de octubre de 2018, sellando el desembolso millonario.
La Contraloría ha puesto este cúmulo de hechos en conocimiento del actual rector, Carlos Antonio Reyes Pareja, instándolo a tomar acciones inmediatas para deslindar las responsabilidades de los funcionarios y miembros de comités que, con sus acciones y omisiones, comprometieron un proyecto vital para los estudiantes y malgastaron S/ 3.6 millones del erario público en un terreno que nunca debió ser comprado.
