La coherencia entre el discurso público y la práctica privada de la consejera regional de Huaraz, Yanet Pinto Toledo, ha quedado bajo intenso escrutinio tras revelarse que su primo hermano, Yover Oscar Blácido Toledo, obtuvo un contrato con el Gobierno Regional de Ancash (GORE Ancash) durante el año 2024. La contratación, por un monto de S/ 35,000, contravendría directamente la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe taxativamente este tipo de vínculos comerciales con familiares de altas autoridades.
El Artículo 11 de la Ley de Contrataciones señala que los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (como los primos hermanos) y segundo de afinidad de funcionarios con poder de decisión, como los consejeros regionales, están impedidos de contratar con la entidad pública dentro de su jurisdicción. Sin embargo, la Orden de Servicio N° 2694 fue emitida a favor de Blácido Toledo para un «Servicio de Supervisión de Estudios de Preinversión», bajo la modalidad de contratación directa, un mecanismo que, si bien legal para montos bajos, no exime del cumplimiento de los impedimentos legales.
Este hecho adquiere una dimensión particularmente irónica al considerar el perfil público de la consejera Pinto Toledo, quien se ha proyectado en la política ancashina como una férrea fiscalizadora y ha levantado repetidamente la bandera de la lucha contra la corrupción y la defensa de la ética en la función pública. La pregunta que surge es cómo pudo concretarse una contratación presuntamente ilegal que beneficia a su círculo familiar más cercano, precisamente en la entidad que ella tiene el mandato de supervisar.
La «Supervisión de Estudios de Preinversión» es descrita por fuentes críticas como un concepto vago, especialmente cuando se cuestiona la existencia misma de un volumen significativo de dichos estudios en la sede central del GORE Ancash que justifiquen tal supervisión externa. No faltan especulaciones que vinculan esta contratación con la distribución de fondos del programa «Hatun Ancash», iniciativa cuya transferencia a diversas municipalidades contó, paradójicamente, con el voto aprobatorio de la propia consejera Pinto. Para colmo el señor Blácido Toledo encima sería funcionario de la Municipalidad de Bolognesi lo cual podría involucrar en ambos casos denuncias por negociación incompatible y doble percepción del estado.
Mientras la consejera Pinto ha querido mostrar una conducta de denunciante de irregularidades ajenas, este caso revela una notable flexibilidad en la aplicación de sus propios principios éticos cuando se trata de allegados. La situación deja en el aire la incómoda percepción de un doble estándar en la que una vara para medir a los demás y otra, mucho más indulgente, para la familia.
«El nivel de corrupción en la región es increíble, la gente que más dice luchar contra la corrupción es la peor, así que ya nada me sorprendería», señala un trabajador quien no quiso revelar su nombre.
