El partido político Podemos Perú, liderado por el investigado congresista José Luna Gálvez, ha establecido un riguroso y costoso proceso para quienes aspiren a representarlo en un cargo de elección popular. Su «Código Electoral Nacional» (Reglamento Electoral), fechado en julio de 2021, detalla en su Artículo 29 un listado de casi una treintena de requisitos adicionales que van más allá de las exigencias legales habituales, imponiendo barreras económicas que cuestionan el principio de participación democrática.
Aunque la lista incluye documentos estándar como certificados de antecedentes y declaraciones juradas exigidas por ley, son los requisitos de índole financiera los que llaman la atención. El numeral 21 del artículo 29 exige a los aspirantes un «Comprobante de Depósito en la Cuenta Bancaria del Partido Político» por un aporte para la «TRANSPARENCIA DE FINANCIAMIENTO A LA CAMPAÑA ELECTORAL». El reglamento no especifica el monto porque lo definen con directivas, pero fuentes internas del partido de Luna en Lima nos señalan que la decisión de la cifra asciende a S/ 4,000 para postulantes a alcaldías provincial o distrital.
Un cálculo simple revela la magnitud de la recaudación. Con 166 precandidatos a alcaldes reportados solo en Áncash, el partido podría recaudar S/ 664,000 únicamente de los aspirantes a alcaldes de nuestra región. Esta suma se cobra antes de que los precandidatos sean oficialmente confirmados y sin saber en qué se gastará (solo dice gastos administrativos), convirtiendo el proceso de selección interna en una fuente de ingresos directos para la organización política.
Pero el compromiso financiero no termina ahí. El requisito número 23 obliga a los postulantes a firmar una «Carta de Compromiso Irrevocable» para, en caso de ser electos, «seguir apoyando al desarrollo del Partido con una cuota mensual equivalente al 7% de su remuneración mensual hasta la culminación de su mandato». Esta cláusula asegura al partido un flujo de ingresos a largo plazo, descontado directamente del sueldo que los funcionarios perciben del Estado.
Este modelo, que combina un alto número de exigencias burocráticas con barreras económicas previas y compromisos de pago futuros cuyo incumplimiento podría dejar fuera de carrera a los candidatos a alcaldes (a diferencia de otros partidos que no tiene tantos requisitos), configura un sistema donde la capacidad de pago parece ser un filtro determinante para la participación política. Más que un proceso para seleccionar a los mejores cuadros, las normas internas de Podemos parecen diseñadas para convertir la postulación a un cargo público en una transacción que garantiza la rentabilidad financiera del partido, un verdadero negocio redondo de la política.
