El proceso judicial por la presunta comisión del delito de colusión en la adquisición de diez camionetas durante su gestión como alcalde de Nuevo Chimbote ha comenzado, colocando el futuro político de Domingo ‘El Socio’ Caldas, actual precandidato a la alcaldía provincial del Santa, en una situación difícil. Una sentencia condenatoria en primera instancia, que podría emitirse dentro de los próximos 8 meses, lo inhabilitaría automáticamente para participar en las próximas elecciones.
El caso gira en torno al Contrato 185-2022-MDNCH, mediante el cual la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote adquirió un lote de diez camionetas 4×4. La compra se ejecutó a través de una contratación directa, un mecanismo excepcional que se justificó bajo el estado de emergencia. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción señalan que el propósito real de los vehículos era para seguridad ciudadana, un fin que no guardaba relación directa con la emergencia que no estaba declarada.
Las investigaciones han revelado graves irregularidades administrativas que sustentan la acusación. El hecho más contundente es la cronología de los eventos. La municipalidad recepcionó las camionetas el 12 de octubre de 2022, pero el contrato que formalizaba la compra se suscribió dos días después, el 14 de octubre. Esta inversión del procedimiento legal sugiere que el acuerdo ya estaba consumado antes de cumplir con las formalidades, un fuerte indicio de una posible concertación previa entre los funcionarios y el proveedor.
A esto se suma que, según las pesquisas del Ministerio Público, existían al menos dos propuestas económicas más ventajosas para la municipalidad que fueron descartadas en favor de la contratación directa. Esta decisión no solo evitó un proceso de licitación pública transparente, sino que además habría resultado en un mayor costo para la entidad, perjudicando los intereses del Estado.
La situación legal de ‘El Socio’ Caldas y los demás exfuncionarios implicados se ve directamente afectada por la Ley de Elecciones Municipales. El artículo 8.1, literal g, de dicha norma establece de manera explícita que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas que cuenten con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia por la comisión de un delito doloso. Si el juicio concluye con un veredicto de culpabilidad por colusión, la carrera electoral del exalcalde terminaría antes de empezar.
La sala reconoció la existencia de irregularidades en el actuar de los servidores públicos de la municipalidad, lo que mantiene el foco de la responsabilidad penal sobre la gestión que encabezó Caldas. El desenlace de este juicio definirá no solo su futuro legal, sino también el panorama político de la provincia del Santa.
