El desalojo estuvo marcado por un ambiente de tensión, ya que las partes en conflicto no se conocían entre sí. Quienes obtuvieron la orden judicial de desalojo, provenientes de la ciudad de Trujillo, afirmaron ser los propietarios legítimos de los 600 metros cuadrados de terreno en disputa.
Esta era la tercera vez que solicitaban el desalojo, ya que en las dos ocasiones anteriores se habían producido serios enfrentamientos. La presencia policial durante el operativo permitió que el desalojo se llevara a cabo sin mayores incidentes.
Los residentes del lugar expresaron su desconcierto ante la situación, ya que no tenían conocimiento de la existencia de un propietario ajeno al terreno. Manifestaron que habían ocupado el área durante varios años sin ningún problema.
Por su parte, los representantes de quienes obtuvieron la orden de desalojo señalaron que habían seguido todos los canales legales para recuperar su propiedad y que solo habían recurrido al desalojo como último recurso.
