A través de un minucioso documento de la Contraloría recaído en el Informe de Auditoria N° 037-2025-2-0337-AC, los auditores del Estado han puesto al descubierto un mecanismo sistemático diseñado para vulnerar las normativas de contrataciones, permitiendo el direccionamiento de fondos públicos hacia intereses particulares. La gravedad de los hallazgos ha cruzado la línea de las simples faltas administrativas, obligando a los órganos de control a solicitar la intervención inmediata del fuero penal para sancionar a los implicados con todo el rigor de la justicia.
El informe detalla paso a paso cómo operaba esta maquinaria ilícita desde los despachos ediles en la gestión del alcalde David Rosales. La estrategia principal consistía en la manipulación deliberada de los términos de referencia y las especificaciones técnicas requeridas por las áreas usuarias de la municipalidad. Los funcionarios encargados de los procesos de selección alteraban los requisitos legales, la experiencia exigida y los candados técnicos sin ningún sustento válido. De esta manera, confeccionaban procesos a la medida para favorecer a un grupo selecto de proveedores elegidos a dedo.
Las irregularidades alcanzan niveles críticos al descubrirse en el peritaje que se validaron cotizaciones y se adjudicaron jugosos contratos a empresas que ni siquiera contaban con el rubro comercial o la actividad económica necesaria ante la autoridad tributaria para ejecutar los servicios encomendados. Estas adjudicaciones se realizaron omitiendo intencionalmente todos los filtros de fiscalización interna. Como resultado, la municipalidad desembolsó cuantiosas sumas de dinero por servicios deficientes y trabajos que no justificaban el gasto, generando un grave perjuicio económico en las arcas del Estado. Este desvío de capital representa un duro golpe a los recursos que debieron destinarse exclusivamente a mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la población huaracina.
Ante la contundencia probatoria de la auditoría, el ente fiscalizador ha exigido la formulación de una denuncia penal formal contra toda la cadena de mando involucrada. La acusación señala directamente a la máxima autoridad provincial, el alcalde en funciones por no haber fiscalizado a sus funcionarios, así como a los altos funcionarios de confianza responsables de las gerencias de administración, logística, abastecimiento y a los miembros de los comités de selección. El caso ya se encuentra en manos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la cual tiene el mandato de accionar legalmente para recuperar el dinero perdido y buscar el castigo de los responsables.
Los delitos que se configuran a partir de este informe técnico abarcan la colusión agravada, la negociación incompatible, la omisión de actos funcionales y el aprovechamiento indebido del cargo. De acuerdo con la legislación peruana vigente, estos ilícitos representan una grave traición a la confianza ciudadana y conllevan sanciones drásticas que no contemplan beneficios penitenciarios. Los especialistas jurídicos advierten de manera categórica que el peso de la evidencia documental es irrefutable. De prosperar la acusación del Ministerio Público y probarse estos actos en la etapa de juicio oral, tanto el burgomaestre como sus funcionarios enfrentarán condenas de cárcel efectiva, enviando un mensaje definitivo de que el saqueo sistemático de los recursos de Huaraz tendrá como destino inexorable la prisión.
