Una situación que merece especial atención se presentará desde el 1 de enero de 2027 en San Marcos, Chavín de Huántar y Ponto: los actuales alcaldes que no consiguieron ganar las recientes elecciones municipales continuarán vinculados a sus respectivas municipalidades, esta vez desde el cargo de regidores. Este escenario abre un interrogante fundamental para la ciudadanía: ¿ejercerán una fiscalización independiente o existirán condicionamientos políticos frente a las nuevas autoridades?
En San Marcos, uno de los municipios con mayores recursos económicos de Áncash, el actual alcalde Manuel Ugarte postuló como primer regidor por el partido Socios por Áncash. Aunque no logró ganar la elección municipal, alcanzó un puesto en el concejo edil. Su permanencia plantea la expectativa de que la nueva gestión garantice una fiscalización efectiva de las decisiones y el uso de los recursos públicos.
Una situación particular se presenta en Chavín de Huántar, donde el alcalde en funciones, Oswaldo Montes Albornoz, postuló como primer regidor por Perú Primero, mientras su hijo participó como candidato a la alcaldía. Al no conseguir la victoria electoral, Montes Albornoz continuará en la municipalidad como regidor electo, por lo que su participación en el nuevo concejo será relevante para la vigilancia de la gestión municipal.
En Ponto, el alcalde Percy Villanera Figueroa también postuló como primer regidor por Somos Perú y obtuvo un puesto en el concejo municipal. Ante estos tres casos, existe preocupación ciudadana por la posibilidad de que los vínculos políticos entre las autoridades salientes y entrantes terminen debilitando la fiscalización. Se trata de un riesgo que deberá evaluarse a partir de las actuaciones concretas de los nuevos concejos, sin dar por hecho la existencia de acuerdos para encubrir gestiones anteriores.
Frente a este escenario, la ciudadanía espera que la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y las demás entidades competentes mantengan una vigilancia rigurosa sobre la administración de los recursos públicos. La transparencia, la revisión de las obras ejecutadas, los contratos y los gastos municipales serán fundamentales para determinar si las nuevas autoridades cumplen su deber de fiscalización. En estas municipalidades, el desafío será demostrar que el control político no responde a pactos ni intereses particulares, sino a la obligación de rendir cuentas a la población.
