A pesar de que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) cuenta con 4,000 mineras registradas, más de 7,000 operarían al margen de la ley, utilizando este registro como un «paraguas» para ocultar sus actividades ilícitas.
La situación se agrava con el traslado de minerales extraídos ilegalmente hacia Trujillo, lo que dificulta su control y seguimiento. A pesar de los constantes operativos realizados en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía del Ambiente, donde se han incautado más de 25 camiones cargados con minerales, la minería ilegal sigue siendo un problema persistente.
Un reciente intento de intervenir una zona de minería ilegal en Quebrada Honda evidenció la magnitud del desafío. Un equipo multisectorial, integrado por la Fiscalía, la Policía y la Dirección Regional de Energía y Minas, se vio impedido de ingresar a la zona debido al bloqueo de la comunidad local.
Castillejo expresó su profunda preocupación por la minería ilegal en áreas protegidas como el Parque Nacional Huascarán, ya que esta actividad representa una amenaza directa para el medio ambiente y la biodiversidad de la región.
