El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz ha puesto un freno de emergencia a las aspiraciones regionales del partido Alianza para el Progreso al declarar inadmisible su solicitud de inscripción para el Gobierno Regional de Áncash. La resolución emitida por el pleno del órgano electoral —integrado por Armando Canchari Ordoñez, María Malarin Gambini y Josefath Leo Moreno— detalla un rosario de deficiencias técnicas, documentales y de democracia interna que comprometen la participación de la fórmula liderada por Antonio Jorge Casana Alencastre y su candidata a vicegobernadora, Hirma Norma Alencastre Miranda.
La falta más grave imputada a la agrupación política radica en la vulneración directa de las elecciones primarias y los mandatos del artículo 15 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos. Al efectuar el cotejo obligatorio, la autoridad electoral descubrió que para la provincia de Huaylas, en la posición de segundo accesitario, el acta interna consagró legítimamente a Yeny Jovita Morales Pajuelo. Sin embargo, en un acto arbitrario y sin sustento documental alguno, el partido alteró el resultado e incorporó en la solicitud oficial a Delia Margarita Nieto Bonilla. La fiscalización determinó que Nieto Bonilla no cuenta con afiliación política vigente en los plazos de ley, no fue elegida en las urnas internas ni posee la condición de candidata designada, quebrando los principios elementales del sistema democrático.
El segundo golpe contundente del JEE de Huaraz se enfoca en la falta de acreditación del requisito de domicilio previsto en el artículo 28.1, literal c, de la norma electoral. Un grupo masivo de catorce candidatos no logró demostrar documentalmente su nacimiento o un arraigo domiciliario continuo de dos años en la circunscripción. Entre los afectados por esta deficiencia de información suficiente se encuentra la propia candidata a vicegobernadora regional, Hirma Norma Alencastre Miranda, junto con los postulantes a consejerías y accesitariados Manuel Jesús Huamán Durand, David Angel Mendoza Gonzales, Eder Tomás Milla Amez, Karina Juana Rosales Romero, Vanessa Stephanie Céspedes Henostroza, Jhohan Leonardo Nuñez Paulino, Rina Marverick Brigitte Avalos Abarca, Paz Isabel Quiroz Mejía, Katherine Alexandra Hernández Gavirondo, Debbie Alexander Quiroz Llap, María José Lomparte Torres y Fredy Anthony Vargas Cubillas.
A estas observaciones se suma el flagrante incumplimiento laboral de la candidata a consejera regional Olivia Noeymi Botin Rosales. La legislación electoral impone plazos estrictos e improrrogables para que las autoridades o servidores públicos presenten su renuncia al cargo con el fin de no interferir ni usar recursos del Estado. No obstante, el tribunal electoral constató que Botin Rosales presentó su declaración jurada de renuncia el 9 de junio de 2026, una fecha totalmente extemporánea que vulnera el artículo 14 de la Ley de Elecciones Regionales y los plazos fijados por el reglamento.
Finalmente, la resolución técnica expone fallas de carácter formal y de precisión en las declaraciones juradas obligatorias denominadas Anexo 1. El JEE advirtió que los candidatos Mayli Esmilda Espinoza Minaya y Nelson Abdias Bonifacio Valverde consignaron erróneamente en sus formatos el nombre de «Partido Político Alianza para el Progreso», una denominación inexacta puesto que el nombre oficial e histórico inscrito ante el Registro de Organizaciones Políticas es simplemente «Alianza para el Progreso». Con estas cartas sobre la mesa, el personero legal de la organización ha sido notificado en su casilla electrónica y dispone únicamente de dos días calendario para subsanar este complejo escenario formal, bajo el expreso apercibimiento de sepultar toda la lista regional en la improcedencia definitiva.
