Mediante un comunicado anónimo dirigido a la opinión pública, un interno del Establecimiento Penitenciario de Huaraz denunció una serie de graves irregularidades y presuntos actos de corrupción y abuso por parte de autoridades y funcionarios del penal.
El denunciante alerta sobre la existencia de un sistema de extorsión que afectaría a los internos, quienes —según afirma— serían obligados a pagar sumas de dinero por servicios y condiciones básicas. Las acusaciones más serias señalan que estas prácticas serían especialmente frecuentes en el área de la clínica penitenciaria.
Principales acusaciones expuestas en el comunicado:
- Cobros ilegales por “códigos indebidos”: Los internos serían forzados a pagar entre 2,000 y 4,000 soles por pabellón para ser transferidos u obtener atención o mejoras en sus condiciones de reclusión.
- Extorsión sistemática: Las autoridades exigirían dinero bajo diversos pretextos, incluyendo el uso de la ambulancia, computadoras, impresoras e incluso para la pintura de las instalaciones.
- Manipulación de la representación interna: Se acusa a la dirección del penal de utilizar a delegados o “colaboradores” para presionar a los internos y encubrir irregularidades, desvirtuando su función de defensa y representación.
- Abuso de autoridad y presunta complicidad: El texto señala que funcionarios actuarían con impunidad, amedrentando a los internos y evadiendo responsabilidades bajo el argumento de actividades académicas. También se menciona una posible participación de personal policial.
- Falta de canales de denuncia efectivos: Los intentos de los internos por reportar estas situaciones serían ignorados o desviados, creando un ambiente de silencio y encubrimiento.
El interno, quien asegura llevar más de cinco años recluido, hace un llamado urgente a la Fiscalía, al Ministerio Público y a las autoridades que asumirán responsabilidades tras las próximas elecciones, instando a una intervención que permita esclarecer la situación.
Llamado a la acción
El comunicado exige una investigación inmediata y exhaustiva por parte del Ministerio de Justicia, la Fiscalía Penal y la Defensoría del Pueblo, con el fin de verificar las denuncias, proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y sancionar a los responsables de posibles actos de corrupción y abuso de poder dentro del penal de Huaraz.
