El revés electoral sufrido en las recientes elecciones de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) parece no haber frenado las ambiciones de poder del ingeniero Javier Enrique Sotelo Montes.
Tras el rechazo de la comunidad universitaria, motivado por el avance de un juicio oral en su contra por presuntos actos de corrupción, Sotelo ha encontrado un nuevo espacio de participación política. Esta vez, postula a la alcaldía distrital de Independencia bajo el respaldo del partido Podemos Perú, integrando la fórmula electoral que lleva a Betto Barrionuevo al Gobierno Regional de Áncash y a Javico Robles a la alcaldía provincial de Huaraz.
La incorporación de Sotelo Montes a las filas de Podemos Perú genera legítimas dudas sobre los filtros de idoneidad y evaluación de antecedentes del partido. El candidato arrastra el Expediente Judicial N° 01045-2017-60-0201-JR-PE-03, encontrándose en fase de juzgamiento por el delito de peculado doloso agravado en agravio del Estado. La acusación del Ministerio Público no es menor pues lo señala como cómplice en el presunto desfalco a la municipalidad distrital de Anta durante la ejecución del proyecto «Mejoramiento de la Losa Polideportiva», cuando se desempeñaba como jefe del Área de Infraestructura.
Los elementos de convicción presentados por la fiscalía durante el proceso exponen un patrón de gestión administrativa alarmante. Los peritajes técnicos oficiales concluyen que la obra en Anta apenas alcanzó un 47.38% de avance físico, pese a que se autorizaron los desembolsos por la totalidad de los fondos públicos. La responsabilidad de certificar dichos avances recaía directamente sobre la supervisión de Sotelo. A esta situación se suma la evidencia documental emitida por la propia UNASAM, la cual acreditó que, durante el mismo periodo en que debía ejercer la supervisión a tiempo completo en la obra municipal (julio a diciembre de 2014), el ingeniero registraba asistencia en la Facultad de Ingeniería de Minas, evidenciando un presunto abandono del cargo por el cual percibía remuneración del Estado.
El panorama legal del actual candidato a Independencia plantea un riesgo objetivo para la gobernabilidad del distrito. El delito de peculado doloso agravado contempla una pena no menor de ocho años de cárcel efectiva y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La comunidad universitaria de la UNASAM, ante la inminencia de una posible sentencia condenatoria que hubiera dejado acéfala a la institución, optó por no respaldar su candidatura a la rectoría. Hoy, esa misma sombra de inestabilidad institucional y riesgo de vacancia se traslada a los vecinos de Independencia. Queda en el análisis del electorado evaluar los criterios de la agrupación política Podemos Perú al designar como su representante distrital a un ciudadano cuyos antecedentes técnicos y administrativos se encuentran sometidos al escrutinio del sistema de justicia penal.
