La Contraloría General de la República ha detectado preocupantes irregularidades en la Municipalidad Provincial de Huaraz. Las irregularidades se relacionan con la designación de subgerentes y contratación de jefes de oficinas.
La responsabilidad de estos hechos señala al actual Jefe de Recursos Humanos, David Hermosa Gloria, quien es actualmente investigado por el robo de alimentos durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia. La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de prisión efectiva para Hermosa señalándolo como autor del delito. Este funcionario sería el responsable de este revés en la gestión de David Rosales.
Uno de los hallazgos más destacados es la falta de actualización de instrumentos de gestión relacionados con cargos y perfiles de puesto. La entidad carece de un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) actualizado, vigente desde el año 2014, sin adecuarse a los lineamientos establecidos en el 2020 por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
La Contraloría también detectó que la Municipalidad sigue utilizando el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del año 2014, no habiéndolo actualizado para el presente año fiscal. Esto contraviene los lineamientos del 2020 de SERVIR y no refleja el costo real de las plazas ocupadas.
Otro punto crítico es la designación de subgerentes y jefes de oficina sin concurso público, superando el límite del 5% de cargos de confianza establecido por la Ley Marco del Empleo Público. Además, se identificaron encargaturas de funciones que podrían generar beneficios remunerativos a ciertos trabajadores, violando normativas específicas.
La contratación de personal por locación de servicios en cargos ejecutivos también generó preocupación, ya que estas labores, de carácter permanente, podrían desnaturalizar el contrato y excluir de responsabilidades administrativas disciplinarias.
Por último, la CGR identificó que muchos funcionarios de confianza no fueron sometidos a revisión de información sobre impedimentos para el acceso a la función pública. Esto pone en riesgo la idoneidad en el ejercicio de la función pública.
