La Contraloría General ha revelado una grave irregularidad en la ejecución del proyecto que busca construir el Hospital III-1 de Huaraz estimado en más de S/. 1,099,000,000 (mil noventainueve millones de soles). El Informe de Hito de Control N° 24893-2024-CG/APP-SCC señala que el Gobierno Regional de Áncash y sus funcionarios aceptaron garantías de fiel cumplimiento por un monto significativamente inferior al requerido por ley.
Faltan S/. 40 millones
Según el informe, el Gobierno Regional recibió cartas fianza por un total de S/. 2,183,769 soles, cifra que representa apenas el 0.21% del valor total del convenio de inversión, que asciende a S/ 1,057,756,325.41 (excluyendo el componente de mantenimiento). La normativa vigente exige una garantía equivalente al 4% del monto total, lo que en este caso debería ser S/ 42,310,253.
Esta diferencia de más de 40 millones de soles en las garantías pone en grave riesgo la inversión pública. La Contraloría ha advertido que, ante este incumplimiento por parte de la empresa ejecutora, el Gobierno Regional carece de cobertura financiera necesaria para proteger los intereses del Estado y de la población beneficiaria del proyecto hospitalario. Eso quiere decir que si la empresa abandona la obra ola deja paralizada no podremos tener ningún tipo de garantía.
No cumplió requisito
La Contraloría señala que esta irregularidad contraviene directamente el artículo 72.3 del Reglamento de la Ley de Obras por Impuestos, que establece claramente la obligatoriedad de presentar una garantía equivalente al 4% del monto total del convenio como requisito previo a su perfeccionamiento.
“Como requisito previo al perfeccionamiento del Convenio de Inversión, la Empresa Privada entrega a la Entidad Pública la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto Total del Convenio de Inversión adjudicado. Alternativamente, solo en los casos en que la Empresa Privada financie la elaboración del Expediente Técnico, puede presentar una garantía de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del monto de dicha obligación, y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la ejecución de la obra”, reza la citada norma.
Consecuencias legales
Este hallazgo podría tener serias consecuencias legales y administrativas. De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), esta omisión podría configurar una falta administrativa grave según el artículo 261, que sanciona el incumplimiento de las disposiciones que regulan el ejercicio de las competencias conferidas. Las sanciones podrían ir desde amonestaciones hasta la destitución de los funcionarios responsables.
Además, según el artículo 76 de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), la presentación de garantías insuficientes es un requisito formal que podría ser causal de nulidad del contrato. Esto pondría en riesgo la continuidad del proyecto y generaría retrasos significativos en la tan necesaria mejora de los servicios de salud en Huaraz.
No desocupan el terreno
El informe también señala que existen retrasos en la liberación y saneamiento físico-legal de los terrenos donde se construirá el nuevo Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Según el documento, el Gobierno Regional de Áncash aún no ha completado el proceso de desocupación de algunas áreas necesarias para iniciar la ejecución del proyecto. Esta situación podría generará demora del inicio de las obras y potenciales sobrecostos.
El informe indica que varios predios dentro del área destinada al proyecto están ocupados por particulares y no se han concretado los acuerdos para su reubicación. Asimismo, algunos terrenos carecen de la documentación legal completa que acredite su propiedad a favor del Estado.
La Contraloría advierte que, de no resolverse esta situación a la brevedad, se incumplirá los plazos establecidos en el Convenio de Inversión para el inicio de la elaboración del expediente técnico y la posterior ejecución de la obra.
