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Denuncias

Hacen ganar concurso CAS a Tesorera de la Municipalidad de Carhuaz

Informe revela omisión de evaluaciones, favoritismo y vínculos laborales en proceso de contratación CAS.

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El Informe de Control Específico 051-2024-2-0334-SCE, expuso graves irregularidades en el proceso de contratación CAS 005-2023 de la Municipalidad Provincial de Carhuaz. El documento, emitido el 29 de noviembre de 2024, detalla que Elizabeth Viviana León de la Cruz fue designada como jefa de Tesorería en enero de 2023 mediante Resolución de Alcaldía N° 0034-2023-MPC/A, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Clasificador de Cargos 2023, aprobado meses después.

Según el informe, el jefe de Recursos Humanos, Alejos Fred Ulises Jamanca Lirio, omitió evaluar el perfil de León de la Cruz tras la entrada en vigencia del manual en julio de 2023. Además, el Comité Evaluador del proceso CAS, conformado por Renán Jofré Domínguez Campos (presidente), Fabiola Yovana Alzamora Jácome y Martín Nolasco Ramírez López, no canceló siete plazas declaradas desiertas en la primera convocatoria, pese a que las áreas usuarias retiraron su solicitud. En la segunda convocatoria, se añadieron cuatro plazas no contempladas inicialmente, entre ellas la de jefa de Tesorería.

La Contraloría evidenció que, durante la evaluación curricular de la segunda convocatoria, se otorgaron puntajes inflados a León de la Cruz. Aunque su experiencia específica era de solo tres meses —frente a los dos años requeridos— y sus cursos no calificaban como especialización, el comité le asignó 42.50 puntos, superando el mínimo de 40. Además, se detectó que los evaluadores mantenían vínculos laborales con la postulante. Por ejemplo, Jofré Domínguez colaboraba con ella en el manejo de cuentas bancarias municipales, y Alzamora Jácome integraba una comisión contable junto a León de la Cruz, según Resoluciones N° 0014-2023-MPC/A y N° 073-2023-MPC/A.

El informe señala que estos hechos violaron la Ley Marco del Empleo Público (N° 28175), el Código de Ética de la Función Pública (N° 27815) y la Guía para concursos públicos del Decreto Legislativo 1057, que exige abstención en casos de conflicto de intereses. La Contraloría recomendó iniciar acciones administrativas y denunciar penalmente a los involucrados.

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