El Gobierno Regional de Áncash atraviesa una de sus peores crisis administrativas, advertida por los cuestionamientos que exponen la ausencia de eficiencia y una preocupante red de presunto favoritismo a un entorno muy cerrado. El Gerente General, Marco La Rosa, figura en el centro de esta polémica, cuestionado por presuntas irregularidades en la contratación de personal y el otorgamiento de licitaciones de obras emblemáticas a empresas -incluso- inhabilitadas. La reciente solicitud de remoción contra La Rosa fue bloqueada en el Consejo Regional, donde se advirtió que los consejeros de “oposición” habrían actuado por motivos personales.
Por eso, una investigación de Huaraz Noticias realizó una radiografía sobre el equipo de trabajo que acompaña a Marco La Rosa en su gestión. Hoy se expondrán presuntas irregularidades en contrataciones, la participación de colaboradores y asesores cuestionados con salarios elevados. Hoy solo presentaremos 6 casos al azar.
La farsa de la meritocracia
El primer caso es el de Yulfo Azaña Velásquez, un ingeniero agrónomo natural de Sihuas, titulado apenas en 2018, que en junio de 2024 recibió un contrato por S/ 35,000 bajo el pedido de servicio N° 1151 para supervisión y asesoría en obras. Azaña no solo carece de amplia experiencia previa en obras de envergadura (tiene 6 años de titulado), sino que ha acumulado contratos millonarios sin que se evidencien mejoras en infraestructura regional. Sus servicios, también de este año, incluyen el pedido de servicio N° 383 para el área de Recursos Naturales por S/ 28,000 soles.
Otro caso alarmante es el de Mario Yupanqui Cerrón, un ingeniero forestal natural de Junín, quien mediante el pedido de servicio N° 1479 percibió S/ 35,000 solo en junio de 2024, también para supervisión de proyectos. Además, este mismo año recibió otro contrato bajo el pedido N° 366 por S/ 28,000 para la residencia de obra en Recursos Naturales. Se advierto que estos contratos fraccionados sin licitación terminarían en denuncias penales.
Políticos disfrazados de trabajadores
En una situación similar se encuentra Abanto Chavarría Estrada, exalcalde de Chingalpo (2014) y Ragash (2018), y excandidato a la alcaldía provincial de Sihuas con el Movimiento AGUA, quien ha sido favorecido en la actual gestión de La Rosa. En junio de 2024, Chavarría recibió el pedido de servicio N° 1476 por S/ 35,000 para supervisión de obra. Sin embargo, también se le otorgó el pedido N° 342 para servicios de supervisión en Recursos Naturales, lo que genera suspicacias sobre posibles preferencias a funcionarios afines al color político y de la línea de La Rosa.
¿Ingeniería dobletera?
Otra figura controvertida es Edna Bissett Valverde Álamo, ingeniera civil y actual jefa de la Unidad de Supervisión y Liquidación de la UNASAM, quien facturó en febrero de 2024 S/ 42,000 (más de 8 UIT) bajo el pedido de servicio “Asistente Técnico en Obras”. La Ley de Contrataciones prohíbe la doble percepción de sueldo en entidades del Estado, y el Código Penal considera la negociación incompatible y el aprovechamiento indebido como delitos sancionables. Su rol en la UNASAM, vigente desde enero de 2023 a la fecha según OSCE, la inhabilita para contratos adicionales con el Estado, situación que, según la Contraloría, podría derivar en una denuncia penal.
Hermana del Fiscal Anticorrupción
Un caso igualmente cuestionable y antimoral es el de Vicky Yeny Pantoja Bueno, contadora pública y vinculada al Gobierno Regional de Áncash mediante una orden de servicio solo por el mes de febrero del 2024 por S/ 35,000 por el servicio “especializado en liquidaciones financieras”, en total solo el 2024 ya superó las 8 UITs. Estos servicios de Pantoja no solo exceden las 8 UIT sin licitación, sino que Pantoja Bueno se encuentra impedida de trabajar en el Estado por su vínculo familiar con el fiscal anticorrupción de Huaraz Aleksandr . El artículo 11 de la Ley de Contrataciones prohíbe esta situación.
Bachiller que evalúa a titulados
Por último, la situación de Luis Alberto Sandoval Ugaz, quien figura en el pedido de servicio N° 2228 como asesor en “supervisión, gestión y evaluación de la gestión administrativa” es, al menos, polémica. Con estudios de bachillerato en ingeniería electrónica, sin experiencia acreditada, Sandoval Ugaz percibe más de S/ 10,000 mensuales por supervisar a funcionarios de alto nivel y calificación, entre ellos gerentes con maestrías y doctorados. Su falta de competencia profesional cuestiona la calidad y la seriedad con la que la actual administración gestiona los recursos del Estado.
Terminarían denunciados
Los contratos y pagos descritos en la investigación podrían configurar múltiples infracciones a la Ley de Contrataciones del Estado y al Código Penal peruano. En primer lugar, varios de los casos mencionados superan las 8 UIT (S/. 41,200 para el año 2024), lo cual viola el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que las contrataciones iguales o inferiores a 8 UIT están excluidas del ámbito de aplicación de la ley, pero sujetas a supervisión. Al superar este monto, estas contrataciones deberían haber pasado por un proceso de selección formal.
Además, varios de los involucrados parecen incurrir en impedimentos para contratar con el Estado, según el artículo 11 de la Ley de Contrataciones. Por ejemplo, el caso de Vicky Yeny Pantoja Bueno, cuyo hermano es Fiscal Anticorrupción en Huaraz (y que no podrían investigar ningún caso de corrupción de la región) y el caso de la ingeniera Edna Bissett Valverde Álamo que es funcionaria de la UNASAM, estarían violando el inciso que impide contratar a parientes de funcionarios con injerencia en las contrataciones y la no doble percepción.
En cuanto al Código Penal, el artículo 399 sobre negociación incompatible podría aplicarse a varios de los casos mencionados, especialmente si se prueba que los funcionarios involucrados se interesaron indebidamente en estos contratos para beneficio propio o de terceros.
