Una serie de contrataciones realizadas durante el año 2023 en la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote ha encendido las alarmas sobre un presunto conflicto de interés que involucra directamente al círculo familiar del alcalde Walter Soto Campos y a una de las socias de su esposa. La situación pone en tela de juicio la gestión en Nuevo Chimbote respecto al manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de las normativas de contratación con el Estado.
Los hechos se enfocan a dos empresas. Por un lado, W.Z. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., cuyos registros societarios confirman como propietarias a Zulema Azucena Barrenechea Reyes, esposa del alcalde Walter Soto, y a Patricia Lisseth Soto Campos, hermana de Walter Soto. Durante el 2023, ya con Walter Soto en el cargo de alcalde, esta empresa familiar conformó un consorcio denominado «Consorcio WZ» junto a otra empresa llamada INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES KARIME E.I.R.L., gerenciada por su única propietaria, Vilma Vásquez Martell.
Este consorcio logró adjudicarse un contrato valorado en cerca a S/. 2 millones para ejecutar la obra de mejoramiento del CETPRO Ernesto Reyna en Miamar, Huarmey. Si bien esta operación se realizó en otra jurisdicción, el vínculo de socios establecido entre la empresa de la familia Soto y Vilma Vásquez (KARIME E.I.R.L.) es clave para entender lo que ocurría paralelamente el 2023 en Nuevo Chimbote.
El punto clave de esta historia nace al descubrir que, durante el mismo año 2023, la empresa INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES KARIME E.I.R.L., socia activa de la esposa y hermana del alcalde Walter Soto en una obra de Huarmey, contrató en la gestión de Walter Soto y recibió pagos por servicios de supervisión de obras por un monto cercano a los S/. 50,000 por parte de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, entidad bajo la administración directa de Walter Soto.
Esta contratación simultánea genera serias críticas. La Ley de Contrataciones del Estado vigente aquella fecha y su reglamento establecían impedimentos claros para evitar precisamente este tipo de situaciones que puedan sugerir favoritismo o el uso de cargos públicos para beneficio propio o de allegados. El artículo 11 de dicha ley es explícito al señalar que están impedidos de contratar con el Estado, entre otros, el cónyuge y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (como es el caso de una hermana) de los funcionarios públicos con poder de decisión. Si bien la contratación directa no fue con la empresa de los familiares, sí se hizo con su socia comercial activa en ese preciso año, lo que podría interpretarse como una forma de eludir la norma.
Esta situación podría abrir la puerta a denuncias por presuntos delitos contra la administración pública. Dependiendo de la evidencia que pueda recibir la Fiscalía Anticorrupción, los hechos podrían encuadrar en figuras como la Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo, que sanciona al funcionario que se interesa indebidamente, de manera directa o indirecta, en cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo.
Contratar a la socia de la esposa y hermana podría considerarse un interés indirecto. Asimismo, si se demostrara un acuerdo previo entre funcionarios y la empresa para favorecerla, podría configurarse el delito de Colusión. Incluso, la figura de Tráfico de Influencias podría ser relevante si se determina que el alcalde usó su cargo o influencias para que se concrete la contratación de la empresa de Vásquez Martell.
