El fiscal provincial Lucho Rolando Díaz Támara, del Segundo Despacho de Lavado de Activos de Huaraz, rompió su silencio hoy martes 11 de marzo respecto a la investigación contra el cuestionado alcalde de San Marcos, Manuel Ugarte Medina, su esposa y su entorno cercano (primos), por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Pero lejos de aclarar, dejó aún más dudas sobre un proceso que avanza con desesperante lentitud.
Con evidente incomodidad y refiriéndose al alcalde con mucho temor (principal investigado), el fiscal tuvo que reconocer que la carpeta fiscal 983-2024 está activa desde diciembre de 2024, y que el plazo de investigación preliminar es de apenas 4 meses, venciendo el próximo 5 de abril. Lo más grave es que estamos a 2 semanas y media de ese límite y el alcalde Ugarte Medina aún no ha sido citado a declarar.
Este retraso no es menor. La fiscalía lleva casi 100 días sin tomar contacto directo con el principal sospechoso, a pesar de indicios serios como propiedades, empresas, vehículos de alta gama y gastos personales que no se condicen con sus ingresos anuales millonarios. La inacción fiscal, en lugar de generar confianza, alimenta la percepción de que se busca —con el paso del tiempo— llevar este caso al archivo, como ocurre frecuentemente en Áncash.
La confesión del fiscal sobre el corto plazo restante y el escaso avance real solo confirma lo que por años se ha denunciado: una preocupante falta de firmeza, eficiencia y compromiso del Ministerio Público frente a casos de posible corrupción. La ciudadanía no necesita comunicados “urgentes”, sino resultados concretos. El tiempo se agota y la justicia, una vez más, parece ir demasiado tarde.
