El ex director de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Áncash, Iván Hernández Carrasco, acusó al exgobernador regional Henry Borja Cruzado de estar involucrado en la presunta organización criminal denominada “Los Elegantes de Áncash”.
En declaraciones a Radio Santa Domingo, Hernández Carrasco sostuvo que la presunta mafia, dedicada al tráfico de licencias de conducir, amasaba al año la suma de 4 millones de soles.
“¿Para quién captaban el dinero?, ¿para quién hacían todos estos fondos ilícitos? Considero que esto alcanza más arriba y debe ampliarse la investigación”, señaló Hernández Carrasco.
El exfuncionario regional agregó que Borja Cruzado debería ser uno de los investigados, “a ver qué detectan ahí”.
Hernández Carrasco fue titular de la DRTC entre julio y noviembre de 2020, durante la gestión del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa.
“El 6 de agosto de 2020 emití la resolución directoral 11.0023-2020 con la que removí a todos estos señores que hoy están investigados, de los cargos donde estaban 10 años, 12 años, 14 años. A partir de ahí me declararon la guerra”, recordó.
La remoción se produjo luego de detectar que dentro y fuera de la DRTC operaban presuntas mafias de trabajadores y extrabajadores que tenían acceso al sistema de licencias de conducir y que en el área donde se tomaban exámenes de conocimiento había dispositivos mediante los cuales se podía responder las preguntas desde la calle.
Esos mismos funcionarios y trabajadores que habían sido destituidos fueron repuestos posteriormente por la gestión del gobernador Henry Borja, recordó Hernández Carrasco. Hoy varias de esas personas, detenidas el 8 de noviembre, han sido comprendidas en la investigación por el delito de organización criminal y cohecho que lleva a cabo el Octavo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash.
En la víspera, el juez Miguel Dueñas Arce, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Áncash, declaró improcedente el pedido de prisión preventiva por 36 meses solicitado por la fiscal Ditccy Espinoza Huaranga contra 27 investigados y ordenó su liberación.
“La teoría del delito del Ministerio Público es la real, la correcta, y exijo una investigación a ese magistrado que, muy lejos de dar una decisión judicial (imparcial), parece que el peso económico está sobre él”, sostuvo Hernández Carrasco.
“La acción del Ministerio Público es excelente, pero es deplorable la decisión del juez”, agregó.
La acusación de Hernández Carrasco podría generar un nuevo giro en la investigación por la presunta mafia de licencias de conducir en Áncash. Si las autoridades determinan que Borja Cruzado tuvo participación en el caso, podría enfrentar cargos por organización criminal y cohecho.
