La Contraloría General evidenció un perjuicio económico de S/ 586 926 en la Municipalidad Distrital de Huántar por la recepción y liquidación de la primera etapa de la obra de mejoramiento del servicio de riego en el caserío de Uranchacra.
La obra fue ejecutada en el 2022 con una inversión de S/1 562 332 con la finalidad de incrementar la producción y productividad agrícola del caserío de Uranchancra del distrito de Huántar.
Mediante el informe de Servicio de Control Específico N° 067-2023-2-0338, la Contraloría General detectó que la Municipalidad Distrital de Huántar otorgó conformidad y pagó valorizaciones que contenían partidas no ejecutadas en el presupuesto adicional con deductivo vinculante, incumplían las especificaciones técnicas y presentaban deficiencias que ocasionaron su deterioro prematuro.
Durante la inspección realizada entre el 24 y 26 de julio de 2023, la comisión de control detectó que el contratista no realizó la excavación de zanjas para instalar y fijar la tubería de polietileno de alta densidad (HDPE) para transportar el agua, sino que lo hizo sobre la superficie del terreno, hecho que ocasionó su desprendimiento y dejó sin funcionamiento el reservorio N° 1; aun así, el contratista valorizó dichos trabajos.
El expediente de obra contempló la construcción de dos captaciones de agua: sin embargo, el contratista solo construyó uno, pero valorizó ambas infraestructuras. Esta omisión no garantiza el caudal para el funcionamiento del sistema de riego agrícola.

Asimismo, se detectó que la construcción de 800 metros de un canal abierto de concreto fue ejecutada de manera deficiente ya que presenta fisuras y grietas lo que provoca filtraciones y desplazamientos verticales y horizontales. No obstante, funcionarios municipales autorizaron el pago de valorizaciones por dichos trabajos.
A pesar de las deficiencias y trabajos inconclusos, en diciembre del 2022, la entidad recepcionó y liquidó la obra sin aplicar penalidades al contratista. En ese contexto, con la finalidad de concluir los trabajos pendientes, en enero del 2023, la empresa continuó con los trabajos, situación que fue constatada por la gestión edil entrante.

El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huari, identificó presunta responsabilidad penal y sujeta a Proceso Administrativo Sancionados (PAS) en cinco funcionarios y servidores públicos, por ello fue derivado a la Procuraduría Anticorrupción de Áncash y al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones que correspondan.
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