En los pasillos la Dirección Regional de Agricultura de Áncash, donde cada sol debería ser administrado con la máxima eficiencia para atender las urgentes necesidades de una región con profundas brechas sociales, un trámite ha puesto al descubierto la fragilidad de sus controles administrativos. Se trata de la Resolución Administrativa N° 011-2025-GRA-GRDE-DRA/OA, un documento que, con una frialdad burocrática, autoriza el pago de S/ 2,199.80 a favor del Director Regional de Agricultura, el economista Alex Cervantes Tarazona. El motivo es un reembolso de viáticos por un solo viaje realizado meses atrás, en diciembre de 2024, a la ciudad de Piura solo por dos días. Lo que podría ser un trámite de rutina es, en realidad, la crónica de una gestión negligente y señalada de incapacidad que se escuda en excusas y utiliza mecanismos de excepción para corregir sus propios errores, una práctica que choca directamente con la realidad de miles de agricultores ancashinos que padecen la indiferencia del área de agricultura.
No lo registró en el SIAF
La historia se remonta a los días 11 y 12 de diciembre de 2024, cuando el Director Cervantes Tarazona viajó a la ciudad de Piura para participar como miembro del Equipo Técnico del Gobierno Regional en el VI-Consejo de Estado Regional. Un viaje a un evento que buscaba “destrabar proyectos importantes”, pero que a la fecha no se han presentado los resultados. Sin embargo, el problema no está en el viaje en sí, sino en cómo se gestionó el dinero público destinado a pagar todos los gastos. Toda entidad estatal está obligada a registrar sus gastos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Este sistema es el corazón del control presupuestal del Perú; un gasto que no está registrado allí, simplemente no existe para el Estado y no puede ser pagado. Sorprendentemente, los viáticos del director Cervantes nunca fueron ingresados al sistema durante el año fiscal 2024.
”La premura del tiempo”
¿Por qué se omitió un paso tan importante? La propia resolución ofrece una respuesta que, lejos de aclarar, genera mayores sospechas. El documento señala que el compromiso no se ejecutó en el SIAF por «la premura del tiempo que ocasiona cada año, por el cierre presupuestal». Esta justificación es, a todas luces, un insulto a la inteligencia y una admisión de ineficiencia. El cierre presupuestal no es un evento sorpresivo; es una fecha conocida y planificada por todas las entidades públicas del país. Argumentar «premura» es como si un capitán de barco se sorprendiera por la llegada de la noche. Sugiere una alarmante incapacidad, falta de planificación o una negligencia en las funciones de la Dirección Regional de Agricultura, que dejó un gasto importante fuera del sistema, obligando a buscar una salida forzada ya en el 2025.
Corrigiendo su incapacidad
Para solucionar este «olvido», la administración recurrió a una figura legal conocida como «reconocimiento de deuda». Este es un mecanismo diseñado para que el Estado pueda cumplir con obligaciones pendientes del año anterior, pero su uso debería ser excepcional, no la norma para enmendar errores administrativos. Al utilizar esta vía, la entidad admite que existía una deuda real pero que, por su propia incapacidad, no la procesó a tiempo. Con esta resolución, se está cargando al presupuesto de 2025 un gasto que correspondía íntegramente al 2024, distorsionando la ejecución presupuestal y sentando un precedente peligroso.
Presunto cómplice
El hombre que autoriza y firma esta barbaridad administrativa de regularización es el contador Daniel G. Cruz Huaranga, Director de la Oficina de Administración. Es él quien, con su rúbrica, valida la endeble justificación de la «premura» y ordena a tesorería pagar los más de dos mil soles en un solo desembolso ¿Es esta la responsabilidad que se espera de un alto funcionario a cargo de velar por el correcto uso de los recursos? Regularizar un monto tan considerable por viáticos para un solo funcionario, a través de un procedimiento de excepción, genera serias dudas sobre si esta es una práctica aislada o un modus operandi para manejar gastos de manera desordenada y poco transparente. Para el ciudadano común, que enfrenta dificultades diarias, ver cómo se utilizan estas maniobras administrativas para asegurar el reembolso de un alto funcionario resulta, como mínimo, indignante y una señal de presunta corrupción.
Contraloría guarda silencio cómplice
La forma en que se ha gestionado este reembolso podría constituir una falta administrativa funcional por parte de los responsables de no haber registrado el gasto en el SIAF en su debido momento. La Contraloría General es llamado a tomar nota de este tipo de procedimientos. Es importante que el máximo órgano de control investigue a fondo esta resolución, determine las responsabilidades de quienes permitieron esta omisión y verifique si se están utilizando indebidamente los mecanismos de «reconocimiento de deuda» para encubrir una gestión deficiente y poco transparente. Los fondos públicos son sagrados, y su administración no puede quedar a merced de la «premura» y el desorden de sus funcionarios.
