Los residentes del lugar, quienes pidieron mantener sus nombres en reserva, cuestionaron la actuación del juez a cargo del caso, de apellido Coloma. Según ellos, el juez no tomó en cuenta la existencia de un proceso judicial pendiente sobre la propiedad del terreno y tampoco consideró la certificación de la SUNARP que acredita su propiedad.
Los afectados por el desalojo señalaron que han ocupado el terreno durante varios años y que incluso han realizado mejoras en el mismo. Argumentan que la orden de desalojo se basa en documentos falsos y que el juez no ha actuado de manera imparcial.
Los residentes del lugar han hecho un llamado a las autoridades competentes para que investiguen las presuntas irregularidades denunciadas y se tomen las medidas correspondientes.
