La estructura del Partido Verde en la región Áncash enfrenta un serio cuestionamiento tras la detención de una de sus dirigentes. Nerry Jesús Mercedes Méndez, conocido como “Terry”, quien se desempeñaba como delegado regional de la organización, fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) por su presunta participación como líder de una banda dedicada a la extorsión en Chimbote, según informaron medios locales el último 9 de septiembre del 2025.
La intervención policial se produjo en flagrancia, durante un operativo en el que Mercedes Méndez y otros dos implicados, entre ellos su tía, Rosa Sánchez Polo (alias “La Vieja”), habrían recibido dinero producto de una extorsión. Según el informe policial, la red exigía pagos de hasta S/ 20,000 a empresarios y transportistas en Chimbote a cambio de no atentar contra sus vidas. Durante la detención se incautaron el dinero, equipos celulares y otros elementos que, según la fiscalía, constituirían pruebas de su participación en el ilícito.

El nombramiento de Nerry Mercedes Méndez (quien es actual afiliado al Partido Verde) como delegado no fue un hecho menor. Según fuentes internas del partido, fue propuesto y designado directamente por Kike Ocrospoma, actual máximo dirigente de la organización en nuestra región. Esta designación le otorgaba a Mercedes Méndez un poder significativo dentro de la estructura partidaria, ya que los delegados son los responsables de votar en las elecciones internas para definir las candidaturas a la presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados en los comicios generales del 2026.
La detención plantea interrogantes sobre los filtros y procesos de selección de cuadros políticos dentro de la organización en Áncash, controlada por Ocrospoma desde fines del 2024. El hecho de que una persona investigada por liderar una red criminal tuviera en sus manos poder de decisión sobre las listas de candidatos nacionales ha generado una crisis interna y expone una vulnerabilidad en el partido.

A nivel nacional, la dirigencia encabezada por Alex Gonzales, fundador del partido y exalcalde de San Juan de Lurigancho, no ha emitido, hasta el cierre de este informe, un pronunciamiento oficial sobre la detención de su delegado en Áncash ni sobre la responsabilidad política de la directiva regional. Este silencio ha sido interpretado por distintas facciones políticas como una señal de la autonomía con la que operan las bases regionales del partido con posible impunidad.
El caso está ahora en manos del Ministerio Público, que determinará la responsabilidad penal de los detenidos. Paralelamente, queda por ver qué medidas tomará el Partido Verde para abordar las implicaciones políticas de tener a uno de sus electores internos clave directamente vinculado a actividades criminales.
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