La Municipalidad Distrital de Independencia, bajo la administración del alcalde Ladislao Clemente Cruz Villachica, impulso una obra con una inversión total de S/ 1,752,867 destinada al mejoramiento de diversas calles y pasajes en la urbanización Santa Catalina, en el barrio de Palmira. La ejecución física, adjudicada al Consorcio Santa Catalina por un monto contractual base de S/ 1,483,115, fue dada por concluida y recepcionada oficialmente mediante un acta suscrita el 27 de enero de 2025. En aquel momento, el comité de recepción validó el levantamiento de observaciones y dio su conformidad técnica. No obstante, una inspección física in situ realizada el 20 de abril de 2026 por la Contraloría General de la República ha expuesto que la infraestructura se encuentra en un estado de deterioro prematuro, evidenciando una funcionalidad comprometida ante la total inacción de la entidad edil para reclamar la reparación de los daños.

El expediente técnico original, aprobado en octubre de 2023, y una posterior prestación adicional de obra aprobada en setiembre de 2024 por S/ 202,326, proyectaban la construcción de pavimentos rígidos, veredas y sistemas de drenaje de alta durabilidad. La realidad técnica actual documenta un escenario distinto. En el pasaje Los Ficus, el cordón «Backer Rod», un elemento crucial para las juntas de aislamiento, fue instalado a una profundidad menor a los 50 milímetros estipulados en los planos oficiales del proyecto. A esto se suma el desprendimiento generalizado del sello flexible de poliuretano tanto en este pasaje como en las avenidas Las Acacias y San Agustín, así como en los jirones Los Cipreses, Virgen de Fátima, 30 de Agosto y Los Trigales. La ausencia de este material sellante permite la infiltración directa de agua hacia las capas inferiores del suelo, debilitando su capacidad de soporte y generando un riesgo inminente para la integridad de toda la estructura vial. En vías como el pasaje Los Cedros y ciertos tramos de la avenida Las Acacias y la calle Virgen de Guadalupe, el sello elastomérico y el cordón brillan por su ausencia.
Las consecuencias de estas omisiones constructivas ya son medibles en el terreno. La inspección constató el asentamiento localizado de cinco losas de concreto de 22 metros de longitud en el pavimento rígido, generando vacíos subterráneos por falta de soporte uniforme y fracturas transversales. Un hundimiento similar de losas, que miden 6,40 metros de largo, se registró en distintos tramos de la avenida Las Acacias. Paralelamente, la capa superficial de las vías peatonales muestra signos de fatiga estructural; se documentaron múltiples fisuras en las veredas, en los sardineles de las áreas verdes y, de manera recurrente, grietas entre los bordes de las cajas de registro de agua y desagüe a lo largo de las calles intervenidas, incluyendo fracturas en las propias tapas de las cajas.

Más allá del daño material, las deficiencias constructivas han creado barreras físicas peligrosas para la población más vulnerable. En la intersección de la calle Virgen de Guadalupe con la avenida San Agustín, las dos rampas diseñadas específicamente como medio de accesibilidad para personas con movilidad reducida fueron construidas con desniveles de 5,5 centímetros y 6,5 centímetros respecto al nivel del pavimento rígido. Esta discrepancia técnica representa un riesgo directo de caídas o vuelcos para ciudadanos que dependen de sillas de ruedas, muletas o andadores, contraviniendo el propósito de transitabilidad segura del proyecto. Adicionalmente, se detectó una fisura directa en la rampa de accesibilidad ubicada en el cruce del pasaje Los Cipreses con la avenida San Agustín.
A pesar de que la magnitud de las fallas es visible y cuantificable, la Municipalidad Distrital de Independencia ha optado por el letargo administrativo. El informe de control advierte que la entidad edil mantiene vigentes situaciones adversas advertidas en inspecciones previas, incluyendo el hecho de que el comité municipal recepcionó formalmente la obra pese a que diversas partidas se ejecutaron eludiendo las normativas vigentes y el expediente técnico. El Artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el propio contrato suscrito con el Consorcio Santa Catalina, establecen de manera irrefutable que el contratista mantiene una responsabilidad legal no menor a siete años por defectos o vicios ocultos contados a partir de la recepción de la obra. Al no activar de forma oportuna los mecanismos de reclamación ante la constructora, la gestión municipal no solo tolera el deterioro prematuro de una obra millonaria, sino que consiente la afectación directa a la funcionalidad pública financiada con los recursos de todos los ciudadanos.
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