En Huaraz, las recientes adjudicaciones de obras públicas y las licitaciones han desatado una crisis total en la Municipalidad Provincial con acusaciones de favoritismo y presunta corrupción que salpican directamente al alcalde David Rosales y a su cuestionado gerente de Obras, Billy Chamana Aylas. Dos proyectos clave —la reconstrucción de las avenidas Antonio Raimondi (segundo tramo que comprende desde Ex Tarapacá hasta la Av. Gamarra) y la Av. Agustín Gamarra— han sido otorgados a dos consorcios distintos en los que participa una misma y polémica empresa (Corporación ALJAR SAC), una empresa chiclayana con graves denuncias de corrupción. En la práctica una empresa suertuda gana las obras de la gestión de David Rosales.
La suertuda “Corporación ALJAR SAC”
La Corporación ALJAR SAC, que forma parte del “Consorcio Raimondi” por S/ 6,729,146 soles y del Consorcio Gamarra por S/ 10,681,240 soles (dos obras distintas que en total le costará a todos los huaracinos S/ 17,410,386 soles), ha logrado adjudicarse contratos millonarios en ambos procesos.
Esta empresa, con sede en Chiclayo, ha sido involucrada en una delicada denuncia por corrupción luego que en junio del 2022 el regidor de la Municipalidad Provincial de Huaura Gerson Rodríguez sea acusado por un funcionario de intentar “direccionar” una obra mediante una “extorsión”, según informó el Diario Judicial ASÍ de Huarua. La participación de Corporación ALJAR SAC en las licitaciones de Huaraz levanta sospechas y no se descarta que podría ser patrocinado por varios regidores de la actual gestión a cambio de no fiscalizar o dilatar investigaciones que no concluyen en nada.
En el caso del Consorcio Raimondi, Corporación ALJAR SAC comparte responsabilidades con otra empresa local, Esparza S.A.C., mientras que en el Consorcio Gamarra se asocia con Alfet Contratistas Generales S.A.C. Sin embargo, la constante presencia de ALJAR SAC en las adjudicaciones despierta sospechas sobre un posible direccionamiento.
Según la revisión de ambos procesos de licitación, los comités de selección descalificaron a la mayoría de los postores por errores menores o subsanables. Por ejemplo, en el caso del proyecto de la Av. Raimondi, JAEC Contratistas Generales SRL fue descalificada por un error material de digitación (pusieron S/ 362,168.42 en lugar de S/362,381.81, pudiendo haberse subsanado), mientras que MEJESA S.R.L. fue excluida por problemas de nitidez en sus documentos.
En la licitación para la Av. Gamarra, se descalificó al Consorcio Grupo Constructores por presuntamente no cumplir con los porcentajes mínimos y máximos requeridos para los consorciados. Según un experto, estas decisiones contradicen el principio de libre competencia establecido en la Ley General de Contrataciones del Estado.
Serviciales con Corporación ALJAR SAC
Mientras que los competidores fueron sometidos a una evaluación extrema, los consorcios ganadores (integrados en ambos casos por Corporación ALJAR SAC) recibieron un trato más flexible. En el caso del Consorcio Raimondi, se habría validado experiencias que no se ha detallado con el suficiente detalle en el acta. Para el Consorcio Gamarra, se habría omitido observaciones importantes sobre la experiencia técnica presentada.
Los procesos fueron dirigidos por los mismos integrantes del comité. Luis Ignacio Palma Rojas, Néstor Guillermo Huaney Carranza y Jaime César Robles Celestino; generando muchas sospechas sobre la imparcialidad en las evaluaciones.
¿Denuncia a la vista?
Algunos abogados conocedores en materia de Contrataciones advierten que estas aparentes irregularidades podrían configurar delitos como colusión y negociación incompatible. Si se demuestra que hubo coordinación para favorecer a Corporación ALJAR SAC sería considerado colusión. Mientras que negociación Incompatible podría generarse si el comité aplicó criterios arbitrarios para beneficiar a ciertos postores.
Mientras tanto se espera que Contraloría también cumpla su trabajo.
