César Bonifaz Rincón, actual presidente del Frente Amplio de Defensa de Intereses de Yupán (FADIY), en la provincia de Corongo, enfrenta una nueva y grave denuncia por el presunto delito de violación sexual de una menor de edad. Este caso se suma a un historial de acusaciones por lesiones y actos contra el pudor, que lo perfilan como presunto reincidente en delitos de agresión y violencia sexual.
La denuncia más reciente, correspondiente al año 2025, se encuentra actualmente en investigación preliminar por parte del Ministerio Público. Sin embargo, hasta la fecha no se han dictado medidas cautelares como la detención preventiva o el impedimento de salida del país, lo que genera preocupación en la comunidad ante la posibilidad de fuga del investigado.
Antecedentes y reincidencia
De acuerdo con carpetas fiscales, Bonifaz Rincón registra antecedentes desde 2007, con denuncias por lesiones leves en 2007, 2011 y 2021, que terminaron archivadas o sin condena.
La situación se tornó más grave en 2021, cuando la Fiscalía formalizó una denuncia por actos contra el pudor en agravio de menor de 14 años, vinculada a un antecedente de 2017. En dicho proceso se dispuso una inspección en la zona conocida como “El Purgador”, donde ya se habían reportado agresiones contra un menor.
En la diligencia fiscal de 2014, el adolescente identificado con las iniciales H.B.C. relató haber sido víctima de agresiones físicas y sexuales por parte de un individuo apodado “Paraguay”, señalando además que recibió amenazas para guardar silencio. Aunque la defensa de Bonifaz alegó que los casos fueron archivados, documentos fiscales revelarían que no todos los procesos concluyeron de manera definitiva.
Exigen justicia y medidas urgentes
Frente a esta nueva denuncia por violación sexual, organizaciones sociales y de derechos humanos de Corongo han manifestado su indignación, solicitando a la Fiscalía Provincial que actúe con celeridad y firmeza. Entre sus pedidos destacan:
- Emitir un pronunciamiento oficial sobre el caso.
- Dictar medidas coercitivas inmediatas, como detención preventiva o impedimento de salida del país.
- Acelerar las investigaciones para garantizar justicia y la protección de las víctimas.
La población de Yupán espera que este proceso marque un precedente en la lucha contra la impunidad y que se priorice la seguridad de los menores de edad, quienes son los más vulnerables frente a este tipo de delitos.
