El equipo editorial de Huaraz Noticias ha recibido una carta notarial de la Srta. Karen Deysyluz Salazar Huerta, quien exige la rectificación de nuestro reportaje «Huaraz: Joven ganó concurso laboral con ayuda ilícita del PJ, sin cumplir requisitos«, publicado el pasado 14 de marzo de 2025. Ante esta intimidante misiva, nuestro medio ratifica su compromiso con la verdad y reafirma cada palabra publicada, amparados en el derecho constitucional a informar y en nuestra responsabilidad de fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos.
La carta notarial, notificada el 24 de marzo de 2025, constituye un evidente intento de censura previa contra nuestra labor periodística. En ella, la Srta. Salazar pretende justificar su cuestionada designación alegando ambigüedades en las bases del concurso y una supuesta «afinidad» de su formación en economía con los requisitos técnicos expresamente establecidos en la convocatoria CAS Nº 044-2024-UE-ANCASH.
Lo que la remitente de la carta convenientemente omite es que la propia Contraloría General de la República, mediante informe de acción de oficio posterior N° 3052-2025-CG/GRAN-AOP, ya había observado estas irregularidades. No es Huaraz Noticias quien ha inventado estas inconsistencias; simplemente hemos cumplido con nuestro deber de informar sobre hallazgos oficiales de los organismos de control del Estado.
Es particularmente revelador que la Srta. Salazar dedique tanto espacio en su carta a reinterpretar el significado de la palabra «afines» según la RAE, cuando el sentido común y la práctica administrativa establecen claramente que un bachiller en economía no cumple los requisitos específicos para un puesto técnico en archivo. Esta gimnasia semántica para justificar lo injustificable solo refuerza nuestras sospechas sobre la irregularidad del proceso.
La estrategia de intimidación mediante carta notarial no es nueva ni original. Como bien han demostrado otros medios como Lima Gris o IDL Reporteros, el periodismo responsable no retrocede ante amenazas legales cuando está respaldado por hechos verificables. La remitente de la carta debería dirigir sus reclamos a la Contraloría General de la República, entidad que determinó las irregularidades en primer lugar, en lugar de atacar al mensajero que cumple con informar a la ciudadanía.
Cabe recordar que la propia Contraloría ha revelado que en 2023 Perú perdió 24 mil 268 millones de soles (6,420 millones de dólares) por irregularidades administrativas. Estos casos involucran a miles de funcionarios del Gobierno nacional, regional y municipal. Nuestro reportaje se enmarca precisamente en esta labor de vigilancia ciudadana frente a potenciales actos de corrupción en la administración pública.
El intento de silenciar a Huaraz Noticias mediante amenazas de acciones legales es, además, una muestra de desprecio hacia el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre cómo se manejan los recursos públicos. En un estado democrático, los funcionarios y beneficiarios de procesos públicos deben estar sujetos al escrutinio constante, más aún cuando existen indicios razonables de irregularidades avalados por organismos oficiales como la Contraloría.
Por lo tanto, Huaraz Noticias ratifica íntegramente el contenido de su publicación y rechaza categóricamente cualquier pretensión de rectificación. Nuestra labor periodística está amparada en el derecho constitucional a la libertad de expresión y en el deber de informar sobre asuntos de interés público. Si la Srta. Salazar considera que la Contraloría ha emitido un informe inexacto, debería dirigir sus reclamos a dicha institución.
Finalmente, recordamos a nuestros lectores que seguiremos ejerciendo un periodismo valiente e independiente, sin ceder ante presiones o amenazas. La transparencia en la gestión pública no es negociable, y Huaraz Noticias continuará fiscalizando a quienes pretenden beneficiarse indebidamente del Estado, como aparentemente ha sucedido en este caso.
