¿Compra de votos en Navidad? Lady Camones sería sancionada por regalar en Áncash

La campaña electoral de cara a las Elecciones Generales 2026 ha sufrido su primer revés legal significativo con la apertura de un procedimiento sancionador contra la organización política Alianza para el Progreso y su candidata al Senado, Lady Mercedes Camones Soriano. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 formalizó esta medida el 23 de enero de 2026, basándose en informes de fiscalización que detallan cómo actividades presentadas bajo la fachada de celebraciones navideñas sirvieron para la distribución de dádivas con fines políticos, una práctica expresamente prohibida por la normativa electoral peruana que busca evitar que el voto ciudadano sea condicionado mediante la entrega de bienes materiales.

El origen de la investigación se remonta a las actividades realizadas por la actual congresista de Áncash durante el mes de diciembre del 2025. Según el Informe de Fiscalización N° 006-2026, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones detectaron que la candidata protagonizó eventos en localidades como el distrito de Cáceres del Perú, específicamente en la zona de Jimbe, donde la entrega de regalos a menores de edad no fue un acto altruista anónimo, sino una plataforma de posicionamiento de marca política.

La evidencia central del caso, paradójicamente, fue proporcionada por la propia campaña con videos publicados en la cuenta oficial de Facebook de Camones documentan la distribución de juguetes, muñecas, carros y pelotas de plástico. El detalle que compromete la defensa de la candidata es que dichas pelotas de color azul llevaban impreso el símbolo de la «A» dentro de un círculo rojo y la frase explicita «ACUÑA PRESIDENTE 2026», vinculando directamente el obsequio con la candidatura presidencial de su líder partidario.

La documentación oficial del ente electoral desglosa la mecánica del evento realizado el 22 de diciembre, describiéndolo como una actividad con clara connotación proselitista. El informe técnico subraya que el escenario estaba decorado con globos de los colores partidarios y que, al finalizar los videos promocionales, aparecía el nombre de la candidata junto al logotipo de Alianza para el Progreso. Para sustentar la acusación de entrega de dádivas, los fiscalizadores realizaron un trabajo de campo en diversos establecimientos comerciales de Chimbote y Santa los días 15 y 16 de enero de 2026, cotizando artículos idénticos a los repartidos. El expediente consigna proformas y notas de venta que valorizan los juguetes entregados entre S/ 3.70 y S/ 20.80 por unidad, además de estimar el costo de los shows infantiles contratados, que incluían payasos y bailarinas, entre 470 y 550 soles. Esta valoración económica es fundamental para la autoridad, pues demuestra el uso de recursos económicos para la entrega directa de bienes a la población en un contexto de campaña.

El marco legal sobre el que se sustenta la acusación es el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, el cual prohíbe tajantemente a los candidatos efectuar la entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos o medicinas de manera directa o a través de terceros. Aunque la defensa podría argumentar que la candidatura no estaba formalmente inscrita en el momento exacto de la entrega, la resolución del JEE aclara que la normativa y la jurisprudencia establecen que la prohibición abarca todo el proceso electoral y que la responsabilidad recae solidariamente sobre la organización política y sus postulantes. El documento precisa que la conducta descrita encaja en los supuestos de infracción grave por vulnerar la equidad de la competencia, al intentar obtener simpatía electoral mediante el asistencialismo en lugar de propuestas programáticas.

La resolución ordena correr traslado a Lady Camones y al personero legal de Alianza para el Progreso, otorgándoles un plazo perentorio de tres días calendario para presentar sus descargos. De confirmarse la infracción tras el análisis de la defensa, el caso no solo derivaría en una multa administrativa, sino que establecería un precedente sobre el uso de festividades tradicionales como mecanismos de captación de votos en zonas vulnerables. Por el momento, la autoridad electoral ha validado los indicios que apuntan a que la «magia de la Navidad» promocionada en las redes sociales de la congresista funcionó, en la práctica, como una operación de marketing político financiada con regalos marcados con propaganda electoral.