Mientras el Ministerio Público de Áncash informó en su plataforma oficial sobre un desalojo pacífico de comuneros de la comunidad campesina de Huacrán, presuntamente ejecutado por integrantes de la comunidad de Ecash sin incidentes ni actos de violencia, comuneros afectados lograron registrar imágenes que evidenciarían una situación muy distinta a la versión oficial.
De acuerdo con los testimonios y registros audiovisuales difundidos por los propios comuneros de Huacrán, durante el operativo se produjo la destrucción de viviendas, así como la presencia de humo a lo lejos, lo que, según testigos, sería consecuencia de incendios provocados en varias casas, todo ello en medio de confusión y tensión en la zona.
Los afectados denunciaron que, pese a la gravedad de los hechos, no obtuvieron respuesta inmediata de los representantes de la Fiscalía, situación que ha generado mayor indignación y preocupación entre las familias perjudicadas.
Cabe señalar que existiría una resolución judicial emitida en un proceso de amparo, en la cual se habrían advertido irregularidades y vulneración de derechos fundamentales de los comuneros de Huacrán, estableciendo que no debía ejecutarse ningún lanzamiento ni desalojo hasta que las instancias correspondientes resolvieran el fondo del conflicto.
En reuniones previas, también se habría exhortado a la comunidad de Ecash a respetar estrictamente las decisiones judiciales y a actuar con especial cuidado frente a los derechos constitucionales vinculados a la vivienda, recordando que no existen derechos absolutos y que toda acción debe enmarcarse en la ley y en los estatutos comunales.
Los denunciantes cuestionaron la premura y desesperación con la que se habría actuado, señalando que la sola presencia de veedores del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo no reemplaza la obligación de esperar una verificación formal sobre la legalidad del procedimiento.
Ante la contradicción entre los hechos denunciados y la versión oficial que califica el operativo como pacífico, los comuneros de Huacrán exigieron una respuesta urgente y clara del ente fiscal, así como el esclarecimiento de las responsabilidades correspondientes.
