Un demoledor informe de la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una alarmante situación delicada en la Municipalidad Provincial de Huaraz, liderada por el alcalde David Rosales Tinoco. El Informe de Orientación de Oficio N° 019-2025-OCI/0337-SOO advierte que la entidad no ha garantizado la disponibilidad presupuestal para culminar 4 obras emblemáticas de reconstrucción, lo que podría generar su paralización inminente, retrasos injustificados y un grave perjuicio para miles de ciudadanos.
Luzuriaga: Falta S/ 3.4 millones

El caso más escandaloso es el de la Reconstrucción de la Av. Luzuriaga. El informe detalla que, para una obra cuyo contrato se firmó por más de S/ 6.8 millones, la municipalidad solo cuenta con S/ 2.8 millones para el 2025. Esto genera un faltante de S/ 3.4 millones. Lo inexplicable es que, según el mismo documento, en 2024 la obra sí contaba con un presupuesto asignado de S/ 7.3 millones. La pregunta que la gestión de David Rosales y su Gerencia de Planificación y Presupuesto deben responder es ¿Cómo se comprometieron a ejecutar una obra sin tener el financiamiento completo asegurado? Y más grave aún, ¿A dónde se fue el dinero que ya estaba destinado para este fin? Al parecer todo terminará en una obra paralizada.
Río Quillcay: Falta S/ 723,308

Esta no es una falla única, sino una conducta presuntamente ilegal. El informe también evidencia un preocupante panorama para el Acondicionamiento del Boulevard del Río Quillcay. Para este proyecto, cuyo costo actualizado supera los S/ 7 millones, la municipalidad enfrenta un faltante de S/ 723,308, sin contar posibles adicionales. La situación se repite en las obras de las avenidas Gamarra y Raymondi, donde si bien el presupuesto parece más ajustado, el riesgo de desfinanciamiento ante cualquier costo adicional es latente.
Raymondi: Superávit S/ 943,830

En la Avenida Raymondi, si bien existe un aparente superávit de S/ 943,830, la tranquilidad es un espejismo. El documento de control advierte que el contratista también está gestionando un adicional de obra. Este colchón presupuestal, que debería servir para contingencias, podría ser consumido rápidamente, poniendo también en riesgo la finalización de este proyecto si la gestión no actúa con previsión.
Gamarra: Faltará por adicional

Finalmente, en la Avenida Gamarra, la situación es curiosa. Aunque técnicamente el presupuesto de S/ 10.68 millones parece cubrir el costo de la obra, el informe de la Contraloría revela que lo hace con un ridículo saldo a favor de apenas seis céntimos (S/ 0.06) lo cual le traerá problemas. Este «colchón» inexistente se vuelve crítico al saberse, según el mismo informe, que el contratista también ya tramita un adicional de obra que superaría el millón de soles, dejando el proyecto completamente desfinanciado ante cualquier imprevisto o pago adicional.
¿Qué dice la norma?
La normativa de contrataciones del Estado es concreta. Para convocar un proceso y firmar un contrato, una entidad debe contar con la certificación de crédito presupuestario que garantice el 100% de los fondos. Al ignorar este principio fundamental de la administración pública, la gestión del alcalde David Rosales y sus funcionarios responsables, como los de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, no solo demuestran una peligrosa incapacidad de planificación, sino que abren la puerta a serias investigaciones por posibles delitos.
Omisión y Peculado
Esta cadena de negligencias podría configurar el delito de Omisión de Actos Funcionales. Pero si se comprueba que los presupuestos originalmente asignados en 2024 fueron desviados deliberadamente para otros fines sin sustento técnico, se estaría hablando de un posible delito de Peculado.
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