El Colegio de Arqueólogos del Perú, a través de su Comisión Especial Transitoria, ha interpuesto una denuncia formal ante el Ministerio de Cultura contra el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash, Ruy Linneo Escobar Gamboa. La acusación se fundamenta en un presunto «incumplimiento injustificado de plazos administrativos, emisión de resoluciones contradictorias y deficiente gestión institucional».
La denuncia, fechada el 14 de agosto de 2025 y dirigida al ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, detalla una serie de irregularidades que estarían afectando la labor de los arqueólogos en la región y, consecuentemente, el desarrollo de proyectos de inversión social.
Retrasos crónicos en trámites
El principal punto de la queja es el incumplimiento de los plazos establecidos por ley para la emisión de certificados de inexistencia de restos arqueológicos (CIRAS) y la aprobación de Planes de Monitoreo Arqueológico (PMAR). Según la normativa vigente (D.S. 011-2022-MC), estos trámites deberían resolverse en un plazo máximo de 20 a 30 días hábiles. Sin embargo, la Comisión denuncia que muchos expedientes llevan «una antigüedad mayor de dos (2) meses» e incluso algunos no han sido resueltos en más de dos años, lo que causa «graves perjuicios» económicos y profesionales a los especialistas.
Además, los denunciantes aseguran ser atendidos de manera «displicente» y que se les niega la comunicación directa con los evaluadores, generando «malestar e incertidumbre» por la falta de información y transparencia.
Resoluciones contradictorias y cuestionadas
El documento también señala la «emisión de resoluciones contradictorias», las cuales violan principios administrativos como la legalidad e imparcialidad. Se cita el caso de un expediente de naturaleza similar a otro que fue declarado improcedente, pero que, a pesar de contar con «pruebas contundentes» de afectación a patrimonio histórico, terminó siendo autorizado, lo que sugiere un trato desigual e irregular.
Deficiente gestión institucional
La denuncia culmina con una crítica a la «deficiente gestión institucional» del Director de la DDC Áncash. Se menciona una reunión de trabajo el 19 de junio de 2025 donde se acordó agilizar los procesos, pero esta promesa no se habría cumplido, y una reunión de seguimiento programada para el 11 de julio fue cancelada por razones atribuibles al mismo director. La carta concluye solicitando al Ministerio de Cultura que tome «medidas correctivas» y sancione las «responsabilidades funcionales» para asegurar un adecuado funcionamiento de la institución.
