La postulación del ciudadano Freddy Solórzano Díaz a la alcaldía del distrito de San Marcos, en Huari, ha ingresado a un escenario de alta controversia tras la presentación de un recurso de tacha que pone bajo la lupa su situación financiera. El documento de impugnación, presentado ante el Jurado Electoral Especial de Huari, revela una marcada discrepancia matemática entre los ingresos anuales que el candidato declaró bajo juramento y las millonarias obligaciones financieras que mantiene registradas en el sistema financiero peruano.
De acuerdo con la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) presentada por el propio candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones, Solórzano Díaz registró ingresos totales para el año fiscal 2025 que ascienden a S/ 409,869.61. Esta cifra se compone de una remuneración bruta anual de S/ 140,049.68 por su labor en el sector privado y de S/ 269,819.93 consignados bajo el rubro de «Otros Ingresos». Al prorratear este monto de manera mensual, el postulante cuenta con un ingreso promedio estimado de S/ 34,155.75.
La contradicción que ha encendido las alarmas en la jurisdicción de San Marcos —y que sustenta el recurso técnico de la tacha— surge al contrastar este flujo de caja con su reporte crediticio de la central de riesgos Experian (Según argumentó la tachante). Según el historial financiero del candidato que adjuntó la tachadora, adjunto en el expediente, Solórzano Díaz mantendría una deuda total de S/ 4,977,625.64 con el Banco de Crédito del Perú (BCP). Para atender este pasivo de casi cinco millones de soles, el reporte bancario registra que el postulante realiza un pago mensual de S/ 84,447.43.
La tacha interpuesta por una ciudadana cuestiona directamente cómo un ciudadano cuyos ingresos mensuales promedio declarados apenas alcanzan los S/ 34,155.75 puede sostener regularmente un pago de deuda de S/ 84,447.43 al mes, el cual representa más del doble de sus recursos declarados. La falta de correspondencia entre sus ingresos formales y su capacidad de pago real ha generado severas dudas y suspicacias en el electorado sobre el origen de los fondos que estarían cubriendo dicha diferencia patrimonial.
A este escenario de opacidad se suma que, en el Rubro VIII de su hoja de vida, el candidato dejó en blanco los casilleros específicos que debían detallar de dónde provienen los S/ 269,819.93 de «Otros Ingresos», omitiendo especificar si corresponden a predios arrendados, subarrendados, intereses de capital u otras fuentes formales.
El debate en torno a este desfase financiero trasciende el ámbito técnico-legal y ha comenzado a instalarse con fuerza en la discusión política local. Analistas y ciudadanos de San Marcos cuestionan abiertamente cuáles son los incentivos reales detrás del financiamiento de esta campaña y si una deuda de semejante envergadura comprometería la independencia del eventual alcalde en la gestión de los millonarios recursos públicos de San Marcos, distrito que recibe importantes sumas de dinero por concepto de canon minero. El Jurado Electoral Especial de Huari deberá evaluar la consistencia de estas declaraciones patrimoniales para determinar la idoneidad y permanencia del candidato en la contienda electoral.
